También se detectó la presunta contratación de cerca de un centenar de agentes con antecedentes penales y el municipio solicitó que se oficie al Registro de Reincidencia para corroborar dicha información.
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El exintendente Julio Garro aún no respondió a las acusaciones de Alak sobre los ñoquis en el municipio.
Por otro lado, se supo que más de un centenar de personas cobraron sueldos en 2023 sin los correspondientes decretos para formalizar las relaciones laborales.
Muertos cobrando
En la presentación judicial también se remarcó que buena parte de los ingresos a la planta de trabajadores gestionados en el segundo semestre del 2023 se realizó sin la documentación suficiente para la constitución de sus correspondientes legajos y que los sueldos también se liquidaron sin este documento público.
Dentro de las graves anomalías, se denunció incluso que el municipio siguió pagando el salario de una persona fallecida en 2021 hasta diciembre de 2023, dos años después de su muerte, aún sin figurar en la lista de asistencia que firmaban los empleados, precisó la agencia estatal de noticias Télam.
Finalmente, se detectó el caso de un funcionario público que había renunciado el 1º de marzo de 2023 y siguió cobrando hasta diciembre del mismo año, y el de un asesor que se encontraba en una situación similar: a pesar de haber renunciado en diciembre de 2021, se le continuó pagando hasta diciembre de 2023.
Según la auditoría externa encargada a la Asociación de Auditores Internos del Estado existieron actos de "gravedad administrativa" y se detalla que, sobre más de 12.500 agentes municipales, el 20% permanece ausente con carpeta médica y un 36% directamente no registra actividad.
"Con este nivel de ausentismo, nuestra administración tiene la obligación de no renovarlos porque, si lo hacemos, sería un delito penal", dijo Alak en declaraciones al diario local El Día tras conocerse la información y adelantar la no renovación.
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