Entre los que fueron vacunados cuando no les correspondía se encuentran el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia, y el periodista Horacio Verbitsky. Cuando recibieron sus dosis, las vacunas estaban reservadas solo a determinados grupos dentro de la sociedad (como el personal de salud o el personal estratégico de Gobierno) y ellos no calificaban para un acceso prioritario.
Junto con el exministro González García, los fiscales pidieron las indagatorias de la ex jefa de Servicios de Medicina Preventiva del Posadas María Elena Borda, y del ex subsecretario Alejandro Costa, que fue con las vacunas a la casa de Duhalde, pero la jueza antes de decidir esas medidas analizará si hay otros funcionarios en el organigrama entre ellos y el director del Hospital Posadas.
El peculado es un delito grave que se castiga con entre dos y 10 años de prisión, y está dentro de las malversaciones sancionadas por el Código Penal. Se comete cuando el funcionario sustrae efectos que tiene bajo su custodia (vacunas, en este caso) y además cuando los emplea en provecho propio o de un tercero (los vacunados VIP).
Cuando pidieron la indagatoria, los fiscales Rodríguez y Taiano señalaron que cuando se aplicaron estas dosis de manera irregular “morían más de 100 personas por día en nuestro país a causa del coronavirus, y la vacuna era un bien escasísimo”.
Por eso, mas allá de que se sustrajeron una escasa cantidad de vacunas, señalaron que se debe evaluar “la angustia, temor, impotencia, tristeza y dolor por la que la sociedad atravesaba entonces”, lo que convirtió a esta situación en “repugnante”. Y escribieron que “cada vez que se decidía ilegalmente a qué ciudadano ‘amigo’ o ‘poderoso’ proteger”, se estaba “postergando a otro ciudadano que la necesitaba imperiosamente para no morir infectado”.
Cabe recordar que en julio de 2021, la jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar parcialmente el caso al afirmar que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. Pero el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), apeló y luego la Cámara Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, le dio la razón y ordenó reabrir la investigación.
El caso se conoció en febrero de 2021 cuando el periodista Horacio Verbitsky alardeó durante una columna radial de su amistad con el entonces ministro de Salud, lo que le permitió inocularse sin turno previo en instalaciones de la cartera sanitaria.
“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de mucho antes que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, contó en El Destape Radio. “El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, reveló.
Luego de estallado el escándalo, Verbitsky fue echado de la radio que dirige Roberto Navarro.
Lo que para Verbitsky era una anécdota era un escándalo que tenía antecedentes. Días antes la ensayista Beatriz Sarlo reveló que a ella le habían ofrecido la vacuna "por debajo de la mesa" -que rechazó- exponiendo un reparto arbitrario de la vacuna, que por su escasez, debía ser administrada con mayor celo. Luego se conocieron casos como los de un intendente que facilitó su aplicación a militantes o el de un diputado de Santa Cruz que también fue inmunizado sin que se tratara de personal de salud o en situación de riesgo, que era los requisitos excluyentes en ese momento.
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