Una dirección falsa y cheques sin fondos bastaron para vaciar depósitos enteros y dejar pérdidas millonarias mediante un fraude que todavía buscan responsables.
El epicentro del engaño fue una supuesta obra en la calle Otamendi al 1300, en Valentín Alsina, que terminó convirtiéndose en el punto de encuentro de los damnificados.
La causa, investigada como “estafas reiteradas”, quedó en manos de la UFI N°3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreita. Hasta el momento no hay detenidos, pero la pesquisa avanza sobre una banda que habría montado empresas fantasma para defraudar sistemáticamente a proveedores.
Todo comenzó con una denuncia presentada por una pyme del rubro de la construcción. Según consta en el expediente, un hombre que se presentó como “Mateo”, supuesto empleado de la firma Comercial Sur, contactó a la empresa para solicitar una cotización de materiales destinados a una obra privada.
El pedido fue por 200 metros lineales de muro perimetral con pilares. El presupuesto final ascendió a $11.120.492,90 y el pago se pactó mediante dos eCheq por más de cinco millones y medio de pesos cada uno, con vencimiento a 60 días. Nada parecía fuera de lo habitual.
Entre el 27 y el 31 de octubre se realizaron tres entregas de mercadería en la dirección indicada. Días después, el contacto se cortó por completo. Cuando los cheques fueron presentados al cobro, ambos fueron rechazados por falta de fondos.
Ante la falta de respuestas, el damnificado decidió acercarse personalmente a la obra de la calle Otamendi. Allí se encontró con que el lugar estaba vacío y otros proveedores también habían llegado con el mismo problema. Todos habían entregado mercadería, todos tenían cheques sin fondos y todos habían sido engañados.
Los vecinos aportaron un dato clave para la investigación y es que el inmueble había sido alquilado recientemente, los ocupantes adeudaban dos meses de alquiler y se habían retirado del lugar la semana anterior, sin dejar rastros.
Ese punto marcó un antes y un después. La estafa ya no parecía un hecho aislado, sino una maniobra organizada.
Con el avance de la investigación, se confirmó que no se trataba de un solo caso. Además de la pyme que inició la denuncia, al menos otras cuatro pymes reportaron pérdidas económicas que, en conjunto, superan los 32 millones de pesos.
Pero el número no termina ahí. Según fuentes del caso, al menos siete empresas multinacionales también fueron víctimas de la misma operatoria, lo que elevó de manera significativa el volumen total del fraude.
Las firmas ficticias utilizadas para concretar las estafas fueron Comercial Sur y La Tranquera Mayorista, ambas sin actividad real, pero con una fachada lo suficientemente creíble como para generar confianza en los proveedores.
Las tareas de inteligencia realizadas por la SubDDI de Pilar permitieron reconstruir el circuito completo. La mercadería obtenida mediante engaños era trasladada a distintos puntos del conurbano bonaerense y almacenada en espacios alquilados bajo identidades apócrifas.
Incluso se detectó el uso de una oficina móvil tipo tráiler, adaptada como centro operativo de la banda. Desde ahí se coordinaban entregas, se recibían productos y se organizaba el desvío del material.
Los investigadores sostienen que la logística fue clave para sostener la estafa durante semanas sin levantar sospechas.
En el marco de la causa se realizaron tres allanamientos simultáneos. En Famatina al 1800, en Gerli, se secuestró la oficina móvil utilizada por la organización. En Las Casuarinas al 4100, en Temperley, se recuperaron siete pallets con más de 550 bolsas de productos, además de campanas de cocina, cocinas industriales, mamparas, espejos, madera ecológica y ventiladores de techo.
Un tercer procedimiento, en la intersección de Las Casuarinas y Hungría, permitió incautar una gran variedad de bienes de consumo, desde electrodomésticos y relojes inteligentes hasta cámaras de seguridad, colchones inflables, herramientas, artículos de limpieza e incluso productos alimenticios.
Parte de la mercadería ya fue reconocida por las empresas damnificadas.
Ante la magnitud del fraude y la sospecha de que existen más damnificados, la Justicia solicitó que todas las empresas que hayan sido víctimas de esta maniobra se presenten en la SubDDI de Pilar o ante la UFI N°3.
Mientras la causa avanza sin detenidos, el caso expone una vez más la vulnerabilidad de pymes y proveedores frente a estafas cada vez más sofisticadas.
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