Luego que la cordobesa del bloque Provincias Unidas Alejandra Vigo abriera el encuentro y dijera que el dictamen iba a circular para la firma, tomó la palabra la vicejefa del interbloque Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, quien preguntó “si va a venir alguien del Poder Ejecutivo, ya que fue enviado por el Ejecutivo” y si se iban a habilitar cambios. En ese sentido, recordó que desde UP buscan incluir delitos como narcotráfico, lesa humanidad y pedofilia, entre otros. “No tenemos respuestas”, planteó.
“Este es un proyecto de ley que tiene nombre y apellido”, afirmó la mendocina, en referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner. Y siguió: “Pero no nos saca el sueño, porque si no sale ficha limpia, la Corte tiene en su escritorio una condena para firmar”.
Después que Vigo confirmara que no iba a asistir ningún funcionario, habló la radical Carolina Losada, que confrontó con UP. Primero reclamó que ella había presentado un proyecto de Ficha Limpia durante el gobierno anterior, que abarcaba más delitos para la prohibición de candidatura, y el entonces oficialismo lo “cajoneó”.
"No hablamos de ningún dirigente en particular. Cualquiera que tiene dos condenas no puede ser candidato. Parrilli está ahí porque no tiene doble conforme. El día que lo tenga no debería estar ahí", afirmó Losada, y recordó que por el tema cripto se va a discutir, mañana, en la sesión un proyecto impulsado por la UCR para que se cree una comisión investigadora. "Queremos que se llegue a la verdad".
La santafesina le sugirió entonces a sus pares que “voten el proyecto tal como está, que salga ficha limpia ahora para los corruptos” y que cuando arranque el período ordinario se pongan “a trabajar en generar un proyecto donde abarquemos todos los delitos”.
Sin embargo, el oficialismo que pidió "no dilatar", y no aceptó hacer cambios, ya que implicaría que el texto vuelva a Diputados.
El jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, consideró que “es un momento adecuado” para aprobar “esta ley que viene siendo pedida y tratada hace muchos años”. “Desde La Libertad Avanza tenemos un altísimo interés que salga rápidamente, antes que empiecen elecciones nuevas y empiecen a meterse candidatos que no sean aptos”, expresó.
El jujeño dijo que “los argentinos estamos pidiendo más transparencia y calidad institucional” y si bien la iniciativa “es perfectible” y “puede abarcar más delitos”, las modificaciones “terminan siendo una estrategia de dilación”.
A su turno, la riojana Florencia López (UxP) manifestó que no sabía “si esto es una broma de mal gusto o es un chiste: que el Gobierno nacional avance en sostener un proyecto de ficha limpia, cuando el principal referente del Gobierno está en todos los portales, en todas las páginas del mundo, por estafa por criptomonedas. Pareciera que es más fuerte el espíritu por proscribir a la principal referente de la oposición”.
Ficha Limpia: Qué dice el proyecto
El proyecto que llega con media sanción de Diputados mantiene la base del texto original: el impedimento para que personas que tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción puedan ser candidatas.
Los delitos que puntualiza son: "Cohecho y tráfico de influencia, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos y encubrimiento".
La fecha de corte para decidir quiénes pueden o no competir quedó fijada por el calendario electoral: no podrá participar de la elección aquel que reciba la condena confirmatoria antes del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional; es decir 180 días antes de la elección general.
Esa fue una de las modificaciones pedidas por la oposición dialoguista porque el Ejecutivo planteaba como límite el 31 de diciembre del año anterior a los comicios.
El texto aprobado amplió además el rango de afectados: no va a regir solo para quienes quieran ser candidatos, sino también para funcionarios.
Los condenados por corrupción en segunda instancia "no podrán ser designados como jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957 y sus modificatorias, ni como directores de empresas".
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