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El Gobierno vuelve sobre las prepagas y obras sociales: Denuncias, sanciones y ranking

El Gobierno nacional facilitó los reclamos a las obras sociales y prepagas y agilizó las sanciones que serán públicas. Además, se crea un ranking de empresas.

El Gobierno vuelve a poner la lupa sobre las prepagas y las obras sociales mediante la Resolución 951/2025, publicada en el Boletín Oficial, que agiliza la gestión de reclamos por parte de los usuarios, pero también modifica los tiempos de las sanciones y creó un ranking de cumplimiento.

Equilibrar a prepagas / obras sociales y usuarios

El Gobierno de Javier Milei sigue de cerca a las prepagas y a las obras sociales después del enfrentamiento que mantuvo con las primeras por los aumentos de las cuotas y las denuncias de cartelización. Ahora, aprobó un nuevo Procedimiento de Gestión General de Denuncias, Faltas Formales y Sanciones, a instancias de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Con los cambios, publicados en el Boletín Oficial mediante una resolución, se agilizaron las sanciones a las empresas de medicina: deberán responder los requerimientos de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en un plazo máximo de 5 días corridos y tendrán 30 días hábiles –y no dos años como hasta ahora- para resolver las denuncias desde que son notificadas.

En otro orden, las sanciones a las prepagas y obra sociales se harán públicas y habrá un ranking de cumplimiento de las mismas.

Inversión de prueba y sanciones

La resolución del Gobierno incorpora mecanismos de inversión de la carga de la prueba y presunciones de incumplimiento, dejando documentado por parte de las empresas su desenvolvimiento. Esto significa que si las prepagas u obras sociales no responden en tiempo y forma se las considerará en infracción.

En cuanto a las sanciones, las multas tendrán un sistema de módulos, cuyo valor se vincula al haber mínimo jubilatorio. Las infracciones se clasificarán en leves, moderadas y graves.

Una de las sanciones más graves será en el caso del falseamiento de información, negativa de afiliación o la falta de cobertura prestacional que serán multadas con hasta 100 módulos, lo que representan más de $30 millones.

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