“En caso de resultar insuficiente, se realizarán las modificaciones presupuestarias necesarias para atender los faltantes presupuestarios que presente el Poder Judicial de la Nación en el ejercicio 2023, cuestión que deberá contemplarse en el pedido de modificación presupuestaria incluyendo la fuente de financiamiento 13 - Recursos con afectación específica dispuesta por la Ley N° 23.853″, agregó Rossi tras permitir la modificación presupuestaria.
Oportunidad
También el pedido de fondos de la Corte parece encerrar un mensaje. Ocurrió el mismo día en que el máximo tribunal cesanteó a Figueroa y en el pedido remarcan la necesidad de “una urgente respuesta”.
Además, los ministros de la Corte remarcaron que la demora en la respuesta “compromete la independencia del Poder Judicial” y “amenaza el normal funcionamiento del servicio de Justicia”.
Agustín Rossi, en su respuesta, le recuerda a la Corte que sí tiene fondos para afrontar sus pagos: “a la fecha, en el Presupuesto de la Administración Nacional, el Poder Judicial cuenta con recursos propios para el presente ejercicio de $426.095 millones mientras que el total de gastos de capital y corrientes para atender con dichos recursos es de $370.708 millones, dando como resultado un superávit de $55.387 millones”.
“Respecto a vuestra solicitud de incremento presupuestario, a través de la presente autorícese modificar el presupuesto y disponer los $55.387 millones de aplicaciones financieras para solventar el faltante presupuestario para Gastos en personal del Poder Judicial”, agrega el funcionario en línea con la autorización a la CSJN para reasignar partidas.
Y en esa línea, añade que “se proyecta un excedente de recursos propios adicional al cierre del ejercicio de $24.000 millones aproximadamente” y que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con disponibilidades en cuentas bancarias y plazo fijos al 31 de julio del 2023 por $187.922 millones, según se expone en su sitio web de Datos Abiertos”.
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