Además, deberán realizar la “venta en bolsas y mercados del país del remanente de las acciones de titularidad del Estado nacional en AySA que no haya sido vendido”.
El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo, instó a la cartera de Economía a “adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización dispuesta no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales”.
Una venta que demoraría hasta 2026
A pesar de que el Gobierno avanza con los pasos legales para la venta de Aysa a gran velocidad, el llamado a licitación se concretaría a fin de año y la adjudicación recién se haría en 2026.
Entre los argumentos del Gobierno para la venta de Aysa, el decreto mencionó que “desde su creación, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. ha sido deficitaria y ha dependido de una constante y relevante asistencia del Tesoro nacional”.
Y se recordó que “entre los ejercicios de los años 2006 a 2023, el Estado nacional realizó transferencias del Tesoro nacional a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por aproximadamente la suma de USD 13.400.000.000″.
Además, mencionaron que la asistencia estatal no fue suficiente para “impedir un deterioro en la eficiencia y productividad” de la empresa, la cual reflejó una “disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos”.
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