“El Estado dejará de ser operador ferroviario del transporte de carga y de toda la infraestructura como el material rodante, las vías, talleres e inmuebles aledaños. Los terrenos y las vías continuarán siendo propiedad del Estado, ya que revierten al mismo al finalizar la concesión”, dice la resolución.
Privatizaciones: licitación del San Martín y Urquiza
La resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial también indica que se realizarán licitaciones para la concesión de las vías de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.
Sobre esas líneas se deberán efectuar relevamientos del estado actual de las vías a concesionar, de las obras de infraestructura sobre las trazas a concesionar informando estado de avance y prioridad de las mismas, encontrándose facultada la Secretaría a arbitrar los medios necesarios para rescindir aquellos contratos que no se consideren prioritarios.
Además, se deberá efectuar un relevamiento de los inmuebles aledaños y todo otro bien susceptible de ser incluido en la licitación como así también precisar las condiciones de la concesión.
En cuanto a la concesión de uso de los talleres de las Líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, la resolución dispone efectuar un relevamiento de los talleres a concesionar de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, realizar un inventario de las herramientas y maquinarias mayores que en los mismos se hallan y precisar las condiciones de la concesión de uso.
Un año para vender el Belgrano Cargas
La empresa Belgrano Cargas opera 7600 kilómetros de vías en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca.
Según el Gobierno en la resolución publicada este jueves, el procedimiento de privatización tendrá un plazo máximo de un año.
La privatización se había oficializado por el decreto 67/2025 del pasado 10 de febrero y había sido muy cuestionada por los especialista del sector ferroviario.
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