Esto cortó con un antiguo poder de presión sindical, donde el servicio paralizaba prácticamente a toda la actividad aerocomercial del país.
Ahora bien, esta apertura del mercado implicó en la práctica el ingreso de solo cuatro empresas a la actividad de manera efectiva. El resto de las compañías no han ejecutado los servicios señalados, incluso algunas ni siquiera contacto con las capacidades técnicas para hacerlo.
En ese contexto, el tamaño y la complejidad estructural de Intercargo no habría resultado atractivo para ningún oferente. De hecho, desde el sector se consideró que el piso de la oferta establecido por el Gobierno resultó elevado dado el deterioro técnico de la compañía, a pesar de que el activo corriente fue estimado en 55 millones de dólares.
A ello se suma la importante carga sindical y política que resguarda Intercargo entre su personal. Algo que vendría en el “combo” de una eventual venta.
La empresa sigue siendo pública.
¿Qué puede pasar con Intercargo?
Truncado el proceso de venta por licitación pública, el Estado conserva el 100% del paquete accionario de la empresa Intercargo. Sin embargo, existen alternativas para ejecutar estas privatizaciones.
Una de ellas es la contratación directa, en la que el Gobierno deberá acordar con un comprador privado las condiciones de traspaso. Este procedimiento es menos transparente que la licitación y sería sensible a reclamos judiciales que posiblemente se instalen.
Por otra parte, el Gobierno bien podría iniciar una nueva licitación modificando las condiciones para volver más atractivo el negocio. Esto supondría una mejora en las exigencias para los compradores, lo que podría desatar fuertes cuestionamientos.
En última instancia, el Gobierno podría desistir de vender Intercargo. Actualmente la empresa no recibe aportes directos del Tesoro, algo que insumió varios millones de dólares al año al erario público en periodos anteriores.
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