A raíz de las versiones, aseguraron que se impulsan para buscar incidir en la opinión pública "instalando fantasmas que no existen: la expropiación tiene un costo cero para la Provincia".
En ese sentido, el gremio petroquímico del cordón industrial indica que lo que se busca es impedir el desmantelamiento de la planta (en este caso la de Puerto General San Martin, única productora del país) permitiendo que pueda ser adquirida por oferentes privados, garantizando así los puestos de trabajo directos e indirectos, el mantenimiento en la producción de los insumos que se elaboran actualmente, y ratificando el abastecimiento a otras plantas para mantener todo el entramado productivo.
La Ley permitiría realizar una "convocatoria a interesados" en la compra, manteniendo las instalaciones, maquinarias, activos productivos y bienes inmuebles en las condiciones en las que se presentan, permitiendo que otra empresa se haga cargo de la fabricación sin inconvenientes.
A la Legislatura
Producto de lo mencionado, Soepu se movilizará este jueves para visibilizar la situación en la que se encuentran la cantidad de trabajadores que están con las manos vacías. No solamente hay 120 familias pertenecientes a Dow, sino que también 3.000 puestos de trabajo afectados en toda la provincia.
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