Según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), impacto fiscal total de las medidas cuantificables se estima en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI).
Milei vetó la ley bajo el argumento de que, al igual que el aumento de haberes jubilatorios y del presupuesto universitario, comprometía el equilibrio de las cuentas públicas.
Obstáculos legales
Con la insistencia en el Congreso, al Presidente no le queda otra que intentar bajar la ley en los tribunales.
El Ejecutivo llevará como argumento la violación a la ley de Administración Financiera. Sin embargo, el abogado constitucionalista Diego Armesto consideró que es superior la potestad constitucional del Congreso de sancionar leyes e insistir en ellas.
"No se puede, bajo ningún concepto, judicializar una facultad constitucional que tiene el Congreso como es la insistencia de una norma", le dijo al portal El Observador. Armesto estima que la respuesta de los tribunales será que no se trata de un área de su competencia.
Por su parte, el abogado Pedro Caminos observó que el Ejecutivo carece de legitimidad para iniciar el litigio.
"¿Quiénes van a ser la parte actora y demandada en esa "judicialización" de la insistencia del Congreso a la sanción de la ley de emergencia en discapacidad? El control judicial es para defender a las personas frente al gobierno; no para que el Presidente ignore al Congreso", tuiteó.
En otro orden aparece la adhesión de la Argentina, con rango constitucional, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cuyo artículo 1° establece que se debe "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente".
La ley sancionada en el Congreso invoca esa obligación como respaldo.
Y cabe recordar que un juez de Campana dictó la inconstitucionalidad del veto contra le Emergencia en un caso particular. El fallo sostiene que el veto vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de protección de la infancia y de los derechos de las personas con discapacidad.
Costo político
Además de obstáculos judiciales, el Gobierno podría toparse con incovenientes políticos en su intento de eliminar la Emergencia en los tribunales. El veto y la insistencia tienen como telón de fondo el escándalo por el supuesto cobro de coimas a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según los audios filtrados del desplazado jefe de la ANDIS Diego Spagnuolo se les exigía a los laboratorios proveedores retornos que tendrían como destinatarios últimos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El caso se investiga en la justicia federal.
El combo, que incluye el veto del aumento jubilatorio, tuvo como costo la erosión de la imagen del Presidente, lo que podría arrojar como resultado un derrota en las elecciones bonaerenses de este domingo.
La insistencia del Gobierno en los tribunales podría agravar esa situación de malestar social contra el Presidente cuando queda por delante la elección nacional de octubre.
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