Manifestación frente al ministerio de Salud por la Emergencia en Discapacidad.
Foto: Claudio Fanchi / NA.
Discapacidad, un reclamo permanente
Respecto a esto último, el reclamo no corre por lo sucedido en los últimos meses sino en años anteriores, donde la demora en las actualizaciones provocó una acumulación de deterioro en los valores de las prestaciones. Esto se acentuó especialmente entre 2023 y 2024, periodo en el que la inflación corrió mucho más rápido que cualquier reacción oficial.
Ese desfase redujo notablemente las opciones de prestaciones para personas con discapacidad, que perdieron oferta frente a la salida del mercado de muchos profesionales. Así, muchas personas vieron una degradación en sus condiciones de vida, perdiendo tratamientos crónicos que son cruciales tanto para la recuperación como para la subsistencia en sí.
Desde el Gobierno, la recuperación del terreno económico en discapacidad no fue la principal reacción. En cambio, el Ministerio de Salud resolvió la disolución del polémico ANDIS y avanzó con la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, con una notoria disposición a ajustar controles de gasto y auditorías para reducir los casos de discapacidad “falsa”.
Discapacidad y un nuevo mes con actualización automática.
Ley contra el fraude
En tono con las auditorías, el Gobierno intentó avanzar con un proyecto de ley para limitar el Fraude por invalidez”. Tras un 2025 polémico donde se constató un bloque importante de pensiones relacionadas a casos de fraude, lo que desató una serie de suspensiones masivas, la postura oficial fue la de recrudecer las consecuencias para aquellos que acceden a beneficios de forma ilegal.
Entre las principales medidas, el Gobierno propone un reempadronamiento total para más de 1.2 millones de personas en un plazo de 90 días. Además, se propone la incompatibilidad total con el trabajo registrado con las pensiones, endureciendo los criterios de cobertura considerablemente.
Según datos oficiales, el número de beneficiarios se multiplicó exponencialmente entre 2003 y 2023, saltando desde poco más de 70.000 a las cifras actuales.
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