Los afectados vinculan de manera directa la agudización de esta problemática a la inacción y la falta de soluciones efectivas por parte de la administración del Estado nacional.
"Situación agónica"
La gravedad del escenario fue ratificada por Mariel Chapero, titular de la Asociación Provincial de Instituciones de Santa Fe (Apridis), quien describió el estado actual del mecanismo de prestaciones integrales como una realidad "agónica".
Ante este escenario, la referente sectorial enfatizó la necesidad de que el gobierno santafesino asuma un rol mucho más activo, brindando un respaldo decidido al sector a nivel local y actuando como un intermediario firme ante los organismos federales competentes.
"Necesitamos decisión política para no desaparecer". "Necesitamos decisión política para no desaparecer".
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Piden que el Gobierno nacional implemente la ley de Emergencia en Discapacidad, además de fondos por parte de la Provincia de Santa Fe.
Dentro de las demandas principales, se insistió en que la administración provincial ponga en plena vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad —sancionada por el Congreso Nacional en septiembre de 2025— y se proceda a una recomposición urgente de los aranceles desactualizados que perciben quienes brindan los servicios.
Paralelamente, los representantes comunitarios buscaron el consenso político para apuntalar herramientas legislativas dentro del territorio provincial.
En este sentido, se puso una atención especial sobre la propuesta impulsada por el diputado Carlos del Frade, cuyo proyecto de ley plantea la conformación de un Fondo de Emergencia en Discapacidad dentro de la Provincia, iniciativa que actualmente es evaluada en los ámbitos parlamentarios de Santa Fe.
Vale tener en cuenta que los diagnósticos emitidos por entidades como Apridis son alarmantes: la imposibilidad de cubrir los costos operativos ya ha provocado el cese definitivo de actividades en varias organizaciones, mientras que otra gran cantidad de entidades evalúa la interrupción inminente de sus coberturas terapéuticas y de transporte si no median transferencias de fondos o subsidios directos.
Demandas urgentes
El encuentro finalizó con un llamado unificado dirigido de forma explícita a Pullaro. Los asistentes remarcaron la urgencia de que la máxima autoridad provincial fije una postura pública clara respecto a este conflicto, asumiendo el compromiso político de respaldar formalmente las demandas del sector frente al Estado nacional y arbitrando las medidas económicas de contingencia necesarias para salvaguardar los derechos y la atención de la población con discapacidad en la provincia.
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