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Emergencia en Discapacidad: Milei va a la Corte para suspender la ley

El Gobierno de Javier Milei recurrió ante la Corte Suprema el fallo que lo obliga aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El Gobierno de Javier Milei recurrió ante la Corte Suprema el fallo que lo obliga aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad. Lo hizo a través de un recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro, con el mismo argumento de siempre: que el Congreso no estableció cómo financiarla y que "daña las finanzas públicas".

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Cabe recordar que el Gobierno había apelado en diciembre pasado el fallo que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad y que dispuso la invalidez del artículo 2 del Decreto 681/2025, con el que Javier Milei había suspendido la aplicación de la esa ley.

Luego, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó que la Ley “deberá estar en plena ejecución” el 4 de febrero, e intimó al Gobierno acreditar el avance de la implementación de la norma.

Desde entonces, se suponía que el Gobierno había comenzado a cumplir la ley pero las fuertes demoras en los pagos a los prestadores torna prácticamente inviable la atención a las personas con discapacidad.

Según informó la periodista Rosalía Costantino, el gobierno le adeuda 6 meses a los prestadores. "La semana pasada recién terminó el gobierno de pagar octubre".

Javier Milei echa leña al fuego: Nuevo proyecto genera rechazo

Mientras incumple la Ley de Emergencia en Discapacidad, Javier Milei envió al Senado un proyecto que generó el fuerte rechazo del sector. La iniciativa, titulada“Ley contra el fraude de pensiones por invalidez”, modifica normas clave como la Ley 13.478, la Ley 24.901 y la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), e introduce cambios estructurales en la administración, control y financiamiento de estas prestaciones.

Según denunciaron desde el Foro Permanente Discapacidad, la iniciativa modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad y, bajo el argumento de combatir irregularidades en pensiones mal otorgadas, pone en riesgo el funcionamiento del sistema.

“Esta iniciativa instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema”, señalaron desde el Foro, que reúne a distintas organizaciones del sector.

En ese sentido, remarcaron que, mientras se pone en discusión el acceso a derechos, el sistema enfrenta atraso en los aranceles, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo.

“Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis. Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos”, expresaron.

En la misma línea se pronunció Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, quien cuestionó la iniciativa oficial: “Este proyecto es un engaño. Se presenta como una ley contra el fraude, pero en realidad es una excusa para ajustar a las personas con discapacidad”, afirmó en diálogo con Urbana Play.

Goldman sostuvo además que el Gobierno “sigue insistiendo con el relato de las pensiones truchas”, aunque aseguró que no se presentaron pruebas concretas para justificar la reforma.

También advirtió sobre cambios en el nomenclador nacional, que fija el valor de las prestaciones brindadas por instituciones y asociaciones en todo el país.

“Lo que no dicen es que están metiendo mano en el corazón del sistema, que es el Nomenclador nacional. Eso va a hacer que cada institución tenga que negociar como pueda los aranceles con cada prepaga u obra social ”, señaló.

"Nunca en mi vida vi una gestión con tanta crueldad"

La referente nacional de discapacidad, Marcela Krizkovich, denunció que el nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional es un "atentado" contra la Ley de Emergencia vigente. "Nunca en mi vida vi una gestión con tanta crueldad y falta de humanización", sentenció la especialista con 30 años de trayectoria, en diálogo con el programa "O sea... digamos".

Krizkovich explicó que el proyecto, titulado "contra el fraude", impone un reempadronamiento masivo que colapsará el sistema. "Están poniendo a todos en la misma bolsa. No estamos en contra de las auditorías, pero esto va a traer una masa de bajas terrible porque no todos pueden costear estudios médicos de alto costo", alertó.

La referente brindó cifras alarmantes sobre lo que cuesta hoy sostener un tratamiento sin cobertura:

  • Medicamentos específicos: entre 700 y 800 mil pesos.

  • Maestra integradora: el módulo asciende a $434.421,88.

  • Tratamientos interdisciplinarios: el costo total para una familia puede superar el millón y medio de pesos mensual.

"¿Qué padre puede pagar eso? Las obras sociales ya no aceptan a personas con discapacidad porque las consideran un gasto", denunció. Además, criticó la intención de eliminar el nomenclador nacional, lo que permitiría que cada obra social fije montos arbitrarios, nivelando la calidad de atención "hacia abajo".

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