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Discapacidad: el Gobierno aumentó los aranceles pero no compensa lo perdido en 2024-2025

El Gobierno aumentó 2,10% los aranceles de las prestaciones en discapacidad en línea con la inflación de mayo, pero sigue incumpliendo la ley de emergencia.

En medio de los reclamos del sector por el reconocimiento de lo perdido en los años 2024 y 2025 a raíz de la falta de aumentos en los aranceles, el Gobierno nacional decidió unilateralmente aumentarlos en un 2,10%, siguiendo a la inflación de mayo pero aún sin cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Discapacidad en crisis

De acuerdo con la Resolución 1297/2026 publicada este viernes (19/6) en el Boletín Oficial con la firma del secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches se implementó un aumento en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo pasado que se aplicará en todas las prestaciones, sin diferencias según su modalidad.

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A pesar del aumento de aranceles en línea con la inflación de mayo, el Gobierno sigue sin cumplir con la totalidad de Ley de Emergencia en Discapacidad.

La resolución precisó que la actualización consiste en un incremento del 2,10% sobre “los valores oportunamente aprobados mediante la Resolución N° 517/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad”.

Además, se indicó en la norma que habrá “un adicional del 20 % sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona de la Patagonia ”.

Aumento sin cumplir la emergencia

Según la resolución oficial, con el aumento del 2,10%, una prestación de centro de día con jornada doble pasará a percibir $1.058.791,92, mientras que una jornada simple ascenderá a $563.272,78.

En tanto, los centros educativos terapéuticos recibirán hasta $1.189.351,59 por jornada doble. También hubo aumentos en estimulación temprana, rehabilitación, transporte y alimentación, entre otros.

Sin embargo, para el sector no es suficiente y sigue reclamando que se cumpla con la ley de Emergencia sancionada por el Congreso el año pasado a la vez que calcularon que la pérdida frente a los costos supera el 40% en el período 2024-2025.

Cabe recordar que la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad establece un marco normativo para regularizar pagos, reformar el sistema de pensiones no contributivas, actualizar aranceles prestacionales y otorgar compensaciones económicas a los prestadores de salud, resolviendo el desfasaje de años anteriores.

Si bien la normativa fue reglamentada por el Gobierno de Javier Milei tras vetarla –lo que fue rechazado por el Senado- hubo un fallo judicial que exigió su implementación.

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