Entre los elementos de prueba acreditados en la denuncia, se destacan los que demuestran cómo una abogada del estudio Brons & Salas, que había trabajado hasta unos meses antes en la Dirección Nacional del Registro de Tierras Rurales (autoridad de aplicación de la ley), asegura haber participado de la redacción del decreto.
Reconoce además la connivencia entre los abogados de Lewis y la entonces directora del Registro de Tierras, Cristina Brunet, que reportaba al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la gestión macrista, Germán Garavano.
En el marco de la causa, que quedó radicada en el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo, el legislador pidió -entre otras medidas de prueba- que la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación le remita todas las actuaciones administrativas relacionadas con el dictado de ese decreto.
Cabe recordar que el magnate Lewis tiene una buena relación con Mauricio Macri, quien lo visitó en Lago Escondido en varias oportunidades.
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