“No puede interpretarse como sorpresivo y falta de lealtad con las partes”, advirtió la fiscalía y mostró documentación donde pedía tener en cuenta esa prueba ya en septiembre del 2021.
En total, fueron nueve los planteos de nulidad de las partes hechas contra las pruebas presentadas por el fiscal Luciani.
"Se sostiene por sí mismo"
"El alegato se sostiene por sí mismo y a nuestro criterio se mantiene absolutamente incólume. El Tribunal ya conoce los hechos y la prueba que se incorporó legalmente a este proceso", sentenció Luciani al rechazar responder a las defensas de los acusados y sus acusaciones sobre su accionar durante el juicio.
Y en relación a Cristina Fernández de Kirchner, Luciani dijo que la fiscalía escuchó "muy atentamente los alegatos de todas las defensas y de quien ejerció su derecho a la propia defensa".
"Estamos tan seguros del trabajo profesional, honrado y objetivo que hemos hecho a lo largo de tres años y medio de juicio que sinceramente no tenemos nada que replicar", afirmó.
Tras esto, Luciani y el fiscal Sergio Mola respondieron los planteos de las defensas, entre ellos uno de prescripción de la acción penal y de nulidad parcial de su alegato a raíz de la inclusión de pasajes de declaraciones indagatorias del acusado exfuncionario José López en otra causa penal.
El juicio
El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez como Austral Construcciones comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid 19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020.
En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.
Para la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla jefa de "asociación ilícita" y administración fraudulenta.
La fiscalía también pidió 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez como autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.
Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y para el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, y seis años para el exresponsable del distrito 23 de ese organismo Mauricio Collareda, al igual que para el extitular de la Administración General de Vialidad en esa provincia Juan Carlos Villafañe.
Para otro exresponsable del distrito 23 de Vialidad Raúl Daruich y el expresidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP Raúl Santibáñez.
En cuanto al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.
Por su parte, las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.
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