El expediente
Según el dictamen, de más de 30 páginas, existió una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” que habría privilegiado negocios privados por sobre la salud pública en una pandemia.
El ex ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, apuntó a la "afinidad y cercanía" entre el ex ministro Ginés González García y el empresario Hugo Sigman como el factor determinante para el retraso de dosis clave.
En diálogo con Nacho Ortelli en 'Esta Mañana' (Radio Rivadavia), Wolff destacó que, mientras Argentina era el escenario de pruebas masivas de Pfizer, el Gobierno nacional utilizó "argumentos fantasiosos" para bloquear su arribo. Él vinculó a esa demora con la celeridad otorgada a la vacuna de AstraZeneca, producida en una planta de Sigman.
Stornelli afirma que el Gobierno habría dilatado de manera deliberada el acuerdo con Pfizer, que en 2020 ofrecía más de 13 millones de dosis con entregas tempranas, en favor de contratos con AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm, laboratorios que contaban con “socios locales”.
Stornelli identifica a Sigman como el “denominador común” de la red investigada.
Sigman fue citado para el 19/05; mientras que Cahn, para el 26/05, y Vizziotti, para el 02/06. También fueron citadas otras 12 personas.
La Fiscalía dio por probado, por ejemplo, que Sonia Tarragona, quien negoció en nombre del Estado el fallido contrato con Pfizer, había sido la Directora General de la Fundación Mundo Sano, presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman, entre 2008 y 2013.
Según Stornelli, “habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”.
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