Bomba impositiva: quieren cambiar las patentes y que dejes de pagar según tu vehículo
Y si la discusión avanza, las patentes podrían dejar de ser, por primera vez en años, una de las cargas más odiadas por quienes tienen un vehículo.
02 de febrero de 2026 - 15:15
El aumento sostenido de las patentes volvió a encender la incomodidad que atraviesa a miles de automovilistas en todo el país. En varias provincias, el impuesto subió muy por encima de la inflación y terminó convirtiéndose en un golpe directo al bolsillo, incluso para quienes usan el auto de manera ocasional.
Por este motivo, empezó a circular con fuerza una propuesta que busca romper con el esquema actual y cambiar de raíz la lógica con la que se cobran las patentes en la Argentina.
La iniciativa propone una reforma del sistema de patentes que deje de estar atado al valor del vehículo y pase a basarse en criterios objetivos vinculados al uso real de la infraestructura vial.
El proyecto fue elaborado por el abogado Jorge Monastersky y ganó visibilidad en los últimos días a partir del debate en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron sus boletas y cuestionaron la falta de equidad del esquema vigente.
Patentes en Provincia: El giro inesperado que podría hacerte pagar mucho menos
Patentes: Por qué el sistema actual está en la mira
Desde el punto de vista legal, la patente debería ser una tasa por circular. Es decir, un pago destinado a financiar el mantenimiento de calles, rutas, señalización y control del tránsito. Sin embargo, en la práctica, el monto a pagar se calcula según el valor de mercado del vehículo, lo que genera distorsiones difíciles de justificar.
Dos autos que circulan por las mismas calles, recorren la misma cantidad de kilómetros y generan un impacto similar sobre la infraestructura pueden pagar cifras completamente distintas solo porque uno vale más que el otro. Esa lógica, según plantea el proyecto, desnaturaliza el concepto de tasa y la convierte en un impuesto encubierto al patrimonio.
El resultado es un sistema percibido como arbitrario, poco transparente y cada vez más recaudatorio.
Cómo sería la reforma de patentes que desligaría el impuesto del valor del vehículo
La propuesta apunta a reemplazar el esquema actual por una tasa de circulación vehicular fija, calculada a partir de parámetros medibles y objetivos. Para los vehículos de menor porte, se establece un monto anual base equivalente a 100 litros de nafta súper, que hoy ronda los $130.000, aunque ese valor se ajustaría automáticamente según el precio del combustible.
A partir de ese piso, se aplicaría una escala proporcional según:
Tipo de vehículo
Peso total autorizado
Cantidad de ejes
Categoría de uso
Impacto real sobre la infraestructura vial
De este modo, quienes generan mayor desgaste sobre calles y rutas pagarían más, independientemente de si el vehículo es nuevo, importado o de alta gama.
Patentes y vehículos pesados: Quiénes pagarían más
Uno de los puntos centrales del proyecto es la proporcionalidad. Camiones, colectivos y vehículos de gran porte, que producen un mayor impacto sobre la red vial, abonarían una tasa más elevada que un auto particular o una moto. La lógica es que, a mayor uso e impacto, mayor contribución.
Este criterio ya se aplica en distintos países y estados, como Florida, en Estados Unidos, donde la tasa anual de circulación ronda los 90 dólares y no depende del valor del vehículo.
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El fin de la doble imposición en patentes y vehículos
Otro eje clave de la reforma es la prohibición expresa de la doble imposición. El proyecto establece que la tasa de circulación no puede superponerse con tributos de naturaleza patrimonial ya existentes. Además, fija que solo la jurisdicción donde esté radicado el vehículo podrá cobrarla.
Esto busca evitar situaciones frecuentes en la actualidad, donde algunos distritos intentan aplicar cargos adicionales por la sola circulación, generando conflictos y reclamos cruzados entre provincias y municipios.
Patentes: Qué debería pasar para que la reforma se aplique
El proyecto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al nuevo régimen. En caso de hacerlo, cada jurisdicción tendría un plazo de seis meses para adecuar su normativa local.
