El organismo humanitario recordó además, que cuentan con alrededor de 7.000 denuncias de posibles hijos e hijas de personas desaparecidas, por lo que sin la existencia de la UEI, "mañana deberíamos presentarnos ante los Tribunales Federales o a la Unidad Fiscal Especializada" para los casos de apropiación con las denuncias, lo que consideraron sería "algo absolutamente ineficaz e inviable".
Además, Abuelas de Plaza de Mayo subrayó que "este proyecto de decreto pretende eliminar un área clave del Estado y es un anticipo de lo que venimos advirtiendo respecto de las implicancias negativas de la Ley Bases", la que aseguraron "que otorgaría amplias facultades al Poder Ejecutivo para disolver unilateralmente organismos que fueron creados por ley".
"Resulta un ejemplo cabal de las medidas regresivas que se impulsan desde el Gobierno, que merecen especial atención y la adopción de medidas urgentes", señaló el organismo, el que reiteró que "la disolución de la UEI conllevará a una demora, un gasto innecesario de recursos para la Justicia".
Pero también, "una obstaculización aún mayor en la restitución de identidad de los casi 300 nietas y nietos" que vienen buscando desde hace 47 años, ante lo cual le pidió al Gobierno "que revea la decisión y a la sociedad" que las "acompañe en el reclamo".
El decreto en marcha
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El proyecto de Javier Milei fue confeccionado desde el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona.
Foto: NA
En 2004, Néstor Kirchner firmó el decreto 715 a través del cual se estableció una unidad de investigación dentro de la Conadi y se la facultó para acceder a todos los archivos estatales –desde los de Presidencia, Jefatura de Gabinete hasta los de las Fuerzas Armadas. La Conadi trabajó sin restricciones durante estos años, incluso durante el gobierno de Cambiemos.
Cabe mencionar que la Conadi recibe información (de manera confidencial) de quienes tienen datos de un caso de apropiación y también atiende las consultas de las personas que dudan acerca de su origen. En un 90% de los casos es la que determina qué casos serán analizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos Cabe mencionar que la Conadi recibe información (de manera confidencial) de quienes tienen datos de un caso de apropiación y también atiende las consultas de las personas que dudan acerca de su origen. En un 90% de los casos es la que determina qué casos serán analizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos
En las últimas horas trascendió el proyecto, confeccionado desde el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, para derogar el decreto de Néstor Kirchner. De esa forma, la Conadi no podría conducir investigaciones –que después informa al Ministerio Público o al Poder Judicial– ni acceder a los archivos del Estado. La redacción del proyecto, fechado el 12 de junio, habría estado a cargo de María Florencia Zicavo, jefa de asesores de Cúneo Libarona.
El argumento central del gobierno es que desde el Poder Ejecutivo no se pueden llevar adelante investigaciones, que, en todo caso, son una competencia de los fiscales. En realidad, como respondieron desde Abuelas, si se siguiera ese criterio, no podría actuar la Oficina Anticorrupción (OA) ni podría haber actuado la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada el 15 de diciembre de 1983. Tampoco podría hacerlo la Unidad de Información Financiera (UIF), que judicializa sus hallazgos.
Nuevamente, si la Conadi pierde la capacidad de investigar, Abuelas debería judicializar todas las denuncias que tiene con datos de personas que podrían haber sido apropiadas. En total, son unas 7.000 presentaciones que debería hacer ante los tribunales o la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, lo que implicaría una saturación del sistema de justicia Nuevamente, si la Conadi pierde la capacidad de investigar, Abuelas debería judicializar todas las denuncias que tiene con datos de personas que podrían haber sido apropiadas. En total, son unas 7.000 presentaciones que debería hacer ante los tribunales o la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, lo que implicaría una saturación del sistema de justicia
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