Golpe a la política de externalización a un tercer país "seguro”. Un tribunal ordenó que inmigrantes detenidos en nuevo centro migratorio en Albania deben ser transferidos a Italia.
Este viernes (18/10) la sección de derechos personales e inmigración del Tribunal de Roma ordenó que 12 inmigrantes detenidos en un centro migratorio italiano en Albania debe regresar a Italia.
La decisión judicial de los magistrados italianos constituye un duro golpe a la política de externalización a un tercer país "seguro” impulsado por Giorgia Meloni y presentado como medida ejemplar para toda la UE.
Para gestionar los inmensos flujos migratorios que ponen al borde del colapso el sistema de asilo de Italia, el año pasado se vio forzada a firmar un pacto con el primer ministro de Albania, Edi Rama, que contempla el traslado de inmigrantes rescatados en el Mediterráneo por barcos italianos a centros de asilo del país vecino.
En ese sentido, vale aclarar que los centros están bajo jurisdicción italiana. Además, el protocolo no se aplica a los inmigrantes que llegan a las costas y territorio italianos sino a los rescatados en el Mediterráneo por barcos italianos, como los de la Marina y la Guardia Costera, pero no los de las ONG. Y también: "No menores de edad, mujeres embarazadas y otros sujetos vulnerables”.
Estos 12 solicitantes de asilo forman parte de los dieciséis inmigrantes (diez de Bangladesh y seis de Egipto), transportados al puerto albanés de Shëngjin desde la isla italiana de Lampedusa a bordo de un buque militar el miércoles. Allí hay 2 centros con capacidad para 3.000 personas destinadas a acoger a los inmigrantes ilegales llegados desde Italia.
A Albania sólo pueden ser enviados migrantes procedentes de una lista de 22 países que Italia ha clasificado como “seguros”. Entre ellos se encuentran Egipto y Bangladesh, pero el TJUE dictaminó que un país ajeno al bloque europeo no puede ser declarado seguro a menos que todo su territorio sea considerado seguro.
Los 12 solicitantes de asilo fueron considerados por los jueces en Roma como en riesgo de sufrir violencia si eran deportados a sus países de origen:
“La denegación de validación de las detenciones en estructuras y zonas albanesas, equivalentes a la frontera italiana o a las zonas de tránsito, se debe a la imposibilidad de reconocer los Estados de origen de las personas detenidas como 'países seguros', con la consecuencia de la inaplicabilidad del procedimiento fronterizo y, según lo previsto en el Protocolo, del traslado fuera del territorio albanés de personas inmigrantes, que por tanto tienen derecho a ser conducidas a Italia", sentenció el Tribunal.
Giorgia Meloni, férrea defensora de su política, desde El Líbano explotó contra la justicia italiana y convocó una reunión del consejo de ministros para aprobar normas que permitan superar este obstáculo porque cree "que no corresponde al poder judicial decir qué países son seguros sino al gobierno".
El ministro del Interior, por su parte, aseguró que apelarán: “Apelaremos hasta los más altos niveles de jurisdicción".
La política de externalización es ampliamente repudiado por ONGS y sectores progresistas. Critican sus “riesgos para la implementación de las normas de asilo y derechos humanos, no garantizan condiciones y trato dignos a las personas acogidas en los centros, no especifican qué sucede con quienes deben ser devueltos”.
En junio alrededor de 15 naciones europeas de 27, (la mayoría) Dinamarca, Bulgaria, la República Checa, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, los Países Bajos, Polonia, Rumanía, Finlandia y Austria en una carta enviada a la Comisión Europea, pidieron la externalización de la política de migración y asilo a países terceros no pertenecientes al club comunitario y considerados 'seguros' con referencias al “modelo italiano”.
También los detractores en Italia critican su alto costo. “Se trata de 800 millones desperdiciados que podrían haberse utilizado para la asistencia sanitaria”, recriminó a la líder demócrata, Elly Schlein, sobre el acuerdo alcanzado con Albania es un acuerdo ilegal, “que viola el derecho internacional”.
Los partidos progresistas y algunos medios en Italia dijeron que la iniciativa, que costará alrededor de 1.000 millones de euros en cinco años, ya era un fracaso, y señalaron que el gobierno había gastado 250.000 euros para transportar a los 16 hombres a Albania en un barco militar.
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