¿Qué pasa?
Según el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el profesor se encontraba envuelto en un litigio de terrenos y había recibido amenazas previas por parte de familiares “con hermanastros y primos.
Sin embargo, la viuda de la víctima ha desmentido categóricamente esta versión. “Es mentira, desmentimos eso” a los medios.
El ministro agregó incluso que se había desplegado un operativo para ubicar al asesino y a los presuntos autores intelectuales en Ica, donde se ubican los terrenos en los litigios que mantenía el fallecido, según supo Infobae.
Asesinato
Tal como contó Urgente24, las cámaras de seguridad capturaron el momento en que el atacante, con una caja en las manos para simular una entrega, se acercó al docente que impartía el curso de Comunicación Social en el colegio Julio César Tello ,rodeado de sus alumnos y le disparó. Luego, huyó rápidamente en una motocicleta conducida por un cómplice.
Según las declaraciones de la esposa del profesor, el agresor había visitado su domicilio un día antes del crimen, preguntando por la víctima. El docente era padre de cinco hijas, dos de ellas adultas y tres menores de edad. Su esposa también ejerce la profesión de docente.
Desde que se oficializó el estado de emergencia, la ciudad de Ate registró 4 asesinatos a sueldo en su distrito. La noche del último lunes, cuatro personas murieron y tres resultaron heridas luego de que un criminal disparara contra el chófer y la cobradora de una unidad de transporte público.
Según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, hasta el jueves 10 de octubre se habían registrado 1.493 homicidios en todo el país, superando de esta forma las cifras de todo el año 2023, cuando se registraron 1.431 muertes de este tipo.
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Revuelo mediático por parentesco entre el profesor asesinado y Dina Boluarte.
Hasta ahora la declaración de emergencia en los distritos más violentos no ha evitado que los criminales mantengan sus actividades. Expertos han sostenido en diversos medios locales, que ninguno de los estados de emergencia de años anteriores o la presencia de militares en las calles lograron reducir el porcentaje de delito y porcentaje de víctimas por sicariato, extorsión y secuestros.
Si bien la presidenta Dina Boluarte, anunció que ha incrementado la presencia policial y los patrullajes en zonas estratégicas, es criticada por desconocer el modus operandi del crimen organizado y de tomar medidas reactivas en lugar de preventivas.
Muchos detractores del gobierno, también citaron una reciente ley promulgada por el congreso que redefine el término organización criminal y cambia protocolos de allanamientos y favorece al crimen organizado y se opone a acuerdos internacionales.
Entre los cambios más polémicos “está la obligación de realizar allanamientos judiciales sólo con la presencia del investigado y su abogado” y el aumento del umbral de “pena necesaria para considerar a un grupo como organización criminal, de cuatro a seis años de cárcel”.
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