Esa resolución Ministerial que desactivó al PNP que auxilia al EFICCOP es considerada por el Ministerio Público como un acto de encubrimiento y hecho de obstrucción a la justicia.
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El ministro del Interior, Walter Ortiz, renunció por el mismo caso que llega hasta la presidenta.
“Asumo la responsabilidad. Hay una denuncia que ha llegado del fiscal de la Nación. Ustedes han visto sus expresiones en la televisión, parece que desconoce que cuando una norma es netamente policial, que administra sus recursos, su administración, de gestión operativa, ninguna autoridad política puede menoscabar las atribuciones del Ejecutivo", expresó.
Walter Ortiz duró solo 1 mes y medio en su cargo. Fue el quinto ministro del Interior desde que Boluarte asumió la jefatura de Estado en reemplazo de Pedro Castillo destituido por el Congreso el 7 de diciembre de 2022 tras intentar un autogolpe de Estado.
Perú: “Los waykis en la Sombra”
La semana pasada Urgente24 contó que el poder político libra una batalla en las sedes judiciales en Perú. El escandaloso caso ‘Los waykis en la sombra' se resume en un conflicto de poderes.
Vale recordar que el hermano de la mandataria es acusado de haber copado las prefecturas y subprefecturas en Tarapoto, San Martín y Cajamarca con personas que participaron en reuniones de su partido en trámite, Ciudadanos Por el Perú.
El partido Ciudadanos por el Perú, impulsado por Nicanor Boluarte, es investigado por firmas falsas en los planillones necesarios para su inscripción formal.
El dominical 'Cuarto Poder' mostró un análisis realizado por el Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) que revela que de las 32.000 firmas que Ciudadanos por el Perú presentó, cerca de 10.000 fueron inválidas. De esas 10.000 firmas, se extrajeron el 15%, es decir cerca de 1.500 firmas, para realizar un análisis más profundo y descubrieron 500 firmas fueron falsificadas.
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Esquema de la presunta red criminal elaborado por la Policía Nacional del Perú (PNP).
“Los nombramientos servirían como un plataforma de recolección de firmas a través de pagos ilícitos para poder inscribir el partido político que está impulsando el hermano de la presidenta, Ciudadanos por el Perú”, explicó Andy Carrión al Canal N.
Pero además, el arresto alcanzó a Mateo Castañeda, abogado de la jefa de Estado, quién fue acusado de “tráfico de influencias, por lo que podría sufrir una condena de 12 años”.
El abogado de la presidenta habría prometido protección del Gobierno para los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Pajuelo, coordinadores del Equipo Especial PNP. Al no lograrse dicho objetivo, se iniciaron acciones para desprestigiar dicho equipo, según la carpeta fiscal N° 11-2023.
“La detención se basa en el hecho de que la organización ha estado perturbando la investigación que lleva a cabo el Eficoop. El abogado de la mandataria Mateo Castañeda habría tratado de interceder ante la fiscal Margarita Barreto intermediando un miembro para que la investigación en contra del hermano de la presidenta se dilucidara en otra fiscalía, en otra ordinaria”, concluyó Carrión.
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