"Todos mis actos han sido honestos, completamente". Y aseguró que no busca interferir en la justicia y que no saldrá del país durante este proceso. “Acá estaré, no me internaré en una clínica ni tampoco me voy a auto eliminar”.
“Yo como funcionario público nunca he agarrado un centavo del Estado, y eso lo pueden corroborar absolutamente todos los funcionarios que han trabajado conmigo (...) Por eso es que el delito que me imputaban de asociación ilícita para delinquir lo han tenido que archivar, porque en este proceso, en estos 4 años, la Fiscalía ha interrogado como a 400 funcionarios públicos para ver si uno dice que yo he actuado mal o hecho algún ofrecimiento indebido, y no ha encontrado ni uno solo” ,se defendió antes del inicio del juicio.
En julio de este año, la Fiscalía de la Nación anunció la reapertura de la investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra y los exministros María Antonieta Alva, María Hinostroza Pereyra y Víctor Zamora Mesía por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, por presuntas irregularidades en la compra de pruebas rápidas para la detección del COVID-19 en marzo del 2020.
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El ex presidente habría condicionó la aprobación de las obras Lomas de Ilo y de ampliación del hospital regional de Moquegua a la entrega de millonarias coimas.
También por aprovechamiento del cargo por haber recibido la vacuna de laboratorio Sinopharm durante la pandemia del COVID-19 en lo que se conoció con vacunagate.
Tras su destitución en el 2020, en medio de acusaciones de tráfico de influencias y aceptación de sobornos durante su mandato como gobernador de Moquegua, el congreso peruano lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos por haberse vacunado con dosis de Sinopharm antes de que fueran distribuidas oficialmente.
Una semana atrás, la Justicia peruana condenó a 20 años y seis meses de prisión al expresidente Alejandro Toledo al considerarlo culpable de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obras en su gobierno.
Otros dos expresidentes, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala, también están procesados por el caso Odebrecht. El expresidente Alan García (2006-2011) se dio muerte en abril de 2019 investigado por el mismo caso.
Pedro Castillo enfrenta presuntos cargos de formar una organización criminal, financiación ilícita de instituciones políticas y corrupción en su contra. Incluso la actual mandataria Dina Boluarte enfrenta enfrenta 2 denuncias constitucionales por corrupción.
Uno es “'Los waykis en la Sombra' en el que su hermano Nicanor Boluarte, es el principal acusado de liderar una presunta organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado, es la presunta instigadora y autora, respectivamente, del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal. En El otro “Rolexgate” se acusa a Boluarte por supuesto enriquecimiento ilícito.
Perú sigue sumido en el escándalo institucional: Es un país con 6 presidentes en 7 años y con muchos investigados (pocos sentenciados) por corrupción en medio de una crisis de seguridad sin precedentes.
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