El comunicado oficial del SNAI también señala que “gracias a las acciones ejecutadas” entre esa institución y la Policía Nacional “la situación en los centros de privación de libertad de Guayaquil, Azuay y Cotopaxi se encuentra controlada. Asimismo, se advierte que la institución “continúa desarrollando el levantamiento de información de las pérdidas humanas y demás aspectos relacionados con los enfrentamientos suscitados”.
En una rueda de prensa, el director del SNAI, Edmundo Moncayo, atribuyó los motines al choque entre organizaciones delictivas (en particular entre Los Lobos y Los Chonekillers) por tomar el liderazgo que quedó vacante tras el asesinato de alias Rasquiña, líder de Los Choneros, en Manta, en diciembre del año pasado, detalla el diario ecuatoriano El Universo.
"En ese momento esperábamos una reacción inmediata; sin embargo, la reacción ha demorado, es la que se ha producido hoy: dos grupos intentando encontrar un liderazgo delictivo al interior de los centros de privación de libertad", explicó el jefe del SNAI, citado por la BBC.
Moncayo lamentó la pérdida de vidas humanas y habló de la necesidad de hacer "mayores esfuerzos financieros y en el marco legal" para lidiar con el desafío de la violencia en los centros de reclusión, explicó la BBC.
El presidente Lenín Moreno también responsabilizó de los incidentes a organizaciones criminales. Luego, Moreno comunicó que instruyó al Ministerio de Defensa "ejercer un estricto control de armas, municiones y explosivos en los perímetros exteriores de los centros penitenciarios".
Por su parte, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, también se pronunció con respecto al tema.
"Ante la acción concertada de organizaciones criminales para generar violencia en centros penitenciarios del país, desde el Puesto de Mando Unificado conjuntamente con mando policial gestionamos acciones, para recuperar el control", escribió Pazmiño en su cuenta de Twitter.
La ONU en Ecuador y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitaron al país latinoamericano que investigue la masacre de los prisioneros y que asuma la gestión de los centros carcelarios de acuerdo con los estándares previstos en la Ley y en los tratados internacionales.
