Las acusaciones se hicieron, al parecer, sin fundamento alguno y la agencia tributaria no daba ningún tipo de explicaciones a los afectados. Luego se demostró que las familias de origen extranjero habían sido los principales objetivos de esta medida, y su segunda nacionalidad estaba resaltada en los documentos oficiales, considerado ilegal por ser un acto totalmente discriminatorio.
Tras el aumento de las presiones en contra del gobierno, el jueves 14/1 renunció el jefe del Partido Laborista neerlandés Lodewijk Asscher, quien también fue Ministro de Asuntos Sociales de 2012 a 2017. Vasco Groeneveld, abogado de las víctimas, inició una demanda contra tres ministros en el cargo y dos exministros, entre ellos Asscher.
En una manera de apaciguar el escándalo y la escalada de tensiones, en diciembre el gobierno quiso pagar 30 mil euros por un período de cuatro meses a cada padre afectado. Sin embargo, esto no sirvió de nada ya que muchos siguen sufriendo problemas personales y psicológicos a causa del daño económico que sufrieron.
En una rueda de prensa de hoy viernes 15/1 Rutte declaró que “el Estado de derecho debe proteger a sus ciudadanos del todopoderoso gobierno, y aquí esto fracasó de forma estrepitosa”, además de anunciar que ya había presentado la renuncia de su gabinete al rey Guillermo Alejandro. Sin embargo, el gabinete se mantendrían de forma provisional para manejar la crisis sanitaria por coronavirus hasta que el próximo 17 de marzo se realicen las elecciones parlamentarias.
A pesar de todo este escándalo, el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) de Rutte sigue alto en las encuestas de opinión pública, por lo que se perfila como favorito.
