"Medidas urgentes para combatir el malestar juvenil, la pobreza educativa y la delincuencia juvenil", este es el nombre oficial del que informalmente se conoce como "Decreto Caivano". El proyecto es “un plan extraordinario de intervenciones infraestructurales o de reurbanización dentro del territorio del mencionado Municipio. Por resolución del Consejo de Ministros, se aprueba el plan de intervenciones contemplado en el primer período y se nombra un Comisario extraordinario encargado de proceder a su ejecución, con la asignación de los recursos pertinentes dentro del límite global de 30 millones”.
Entre las medidas previstas se encuentran la incautación de móviles y prohibición de redes sociales para mayores de 14 años, penas de hasta dos años de prisión para padres que no envíen a sus hijos menores a la escuela obligatoria y multas de hasta 1.000 euros para los progenitores de hijos amonestados. Se trata de la "recuperación" de las "zonas libres" de delincuencia prometida por la primer ministro y que también pasa por el "decreto Caivano".
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Arrabales del Nápoles. Las violaciones en Palermo y Caivano aceleraron la aprobación del decreto.
Informo Rai también que incluye la amonestación oral (citación del menor desde los 14 años que presuntamente ha cometido un delito, por parte del questore, incluso sin demanda o denuncia de las víctimas) y la prohibición de utilizar "plataformas o servicios TIy y teléfonos móviles ” si el sujeto a quien se ha notificado es condenado, incluso con pena no definitiva, por delitos contra la persona, contra la propiedad o por delitos relacionados con armas o drogas.
Además, como efecto disuasorio, se incrementarán las penas para los menores que sean encontrados en posesión de armas o drogas.
Asimismo, el decreto prevé restricciones al acceso a sitios pornográficos a través de medidas de certificación de la edad para el acceso a determinadas webs y un estímulo a las familias para que utilicen "controles parentales" en los dispositivos de los chicos.
También, según el IlSole24, los reclusos mayores de 21 años pueden ser expulsados de las instituciones penales juveniles si crean problemas para el orden y la seguridad de las estructuras. Por último, para lograr un camino de reintegración y de reeducación cívica y social del delincuente, el decreto propone trabajo socialmente útil y gratuito precedido de una audiencia de los servicios infantiles de forma compatible con la legislación sobre trabajo infantil.
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