El Gobierno eliminará en junio el mecanismo humanitario creado para migrantes de Venezuela que permitió regularizar a más de 240.000 venezolanos en España.
La medida marca el final de un esquema excepcional creado en 2018, contextualizado por el profundo deterioro político, económico y social que atraviesa Venezuela desde hace más de una década. En aquel momento, España abrió esta puerta administrativa como una respuesta humanitaria frente al aumento sostenido de solicitudes de protección procedentes del país sudamericano, golpeado por la crisis institucional iniciada en la última etapa del chavismo y profundizada durante el gobierno de Nicolás Maduro.
Con el paso de los años, aquella solución pensada como una respuesta de emergencia terminó consolidándose como uno de los principales canales de regularización para la comunidad venezolana en España, que hoy constituye una de las diásporas más numerosas del país. El crecimiento de esta población (que pasó de unos 255.000 residentes en 2018 a cerca de 700.000 en la actualidad) terminó convirtiendo aquel mecanismo excepcional en una pieza estructural dentro del sistema migratorio español.
Desde su puesta en marcha hace casi diez años, el mecanismo de protección por razones humanitarias permitió regularizar la situación de cientos de miles de ciudadanos venezolanos en España. El procedimiento se convirtió en una alternativa mucho más ágil que el sistema de asilo tradicional, que suele implicar plazos más largos y requisitos más estrictos.
En algunos años, los venezolanos llegaron a concentrar más del 90% de los permisos humanitarios concedidos en el país, lo que terminó consolidando esta vía como el principal canal de regularización para quienes llegaban desde Venezuela en medio de la profunda crisis política y económica que atraviesa el país sudamericano. En total, este mecanismo terminó beneficiando a más de 240.000 personas desde su implementación en 2018.
Con el cierre de esta vía previsto para junio, quienes lleguen desde Venezuela deberán recurrir a los procedimientos migratorios ordinarios que rigen para cualquier ciudadano extranjero. Esto implica solicitar protección internacional a través del sistema de asilo o intentar regularizar su situación mediante las distintas figuras previstas en la Ley de Extranjería, como el arraigo social, laboral o formativo, mecanismos que exigen acreditar tiempo de residencia en España, vínculos laborales o procesos de integración antes de obtener un permiso de residencia y trabajo.
El cierre del mecanismo para venezolanos coincide con otro frente migratorio que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez: la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Ejecutivo junto a Podemos. Según estimaciones del Ministerio de Inclusión, la medida podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas que actualmente residen en España sin documentación, en un país donde distintas estimaciones sitúan en torno a 840.000 los extranjeros en situación administrativa irregular.
Los datos muestran que buena parte de esta población procede de América Latina, especialmente de países como Colombia, Perú o Honduras, aunque también hay presencia de migrantes provenientes del norte de África y Asia. En su mayoría se trata de trabajadores jóvenes insertos en sectores intensivos en mano de obra (como la hostelería, los cuidados o la construcción) que, pese a su peso en el mercado laboral, suelen enfrentar mayor precariedad y salarios más bajos que la media nacional.
La iniciativa, sin embargo, ha vuelto a colocar la inmigración en el centro del debate político. Mientras el Gobierno defiende la regularización como una herramienta para integrar a personas que ya viven y trabajan en el país, PP y Vox han endurecido su discurso contra estas políticas y advierten que este tipo de medidas puede incentivar la inmigración irregular y aumentar la presión sobre el mercado laboral, un argumento que ambas formaciones han convertido en una de las principales banderas de su agenda política.
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