El Ejecutivo calculó inicialmente unos 500.000 potenciales beneficiarios, una estimación que no equivale al número de permisos finalmente concedidos. Su argumento era facilitar la incorporación al empleo formal de personas que ya participaban en la vida económica y social, muchas de ellas trabajando sin la protección de un contrato regular. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, defendió que el objetivo era “garantizar los derechos de las personas migrantes y dotar de seguridad jurídica al sistema”. La discusión quedó planteada entre el reconocimiento de esa realidad y las críticas de quienes consideran que la medida incentiva nuevas llegadas.
Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo. Vox y PP impulsan un endurecimiento de la política migratoria rumbo al 29N.
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El informe del INE devuelve el crecimiento poblacional al debate, pero abarca una realidad mucho más amplia que la de quienes solicitaron la regularización extraordinaria. Los 10.433.091 habitantes nacidos en el extranjero, aproximadamente uno de cada cinco residentes, incluyen a casi siete millones que conservan nacionalidad extranjera y más de 3,4 millones que tienen la española. Por otra parte, el total de extranjeros asciende a 7.518.237, porque también comprende a unas 523.000 personas nacidas en España que no poseen ciudadanía española. Los dos recuentos se solapan y no deben sumarse. Uno clasifica a los habitantes por su lugar de nacimiento y el otro por su nacionalidad, sin precisar quién tiene un permiso de residencia ni por qué vía lo obtuvo.
El trimestre dejó 86.883 residentes de nacionalidad extranjera más y un aumento de 43.340 personas de nacionalidad española. Entre quienes llegaron al país, las principales nacionalidades fueron la colombiana, con 33.200 entradas; la española, con 23.600, y la venezolana, con 19.000. Los españoles que llegaron no son necesariamente personas recién nacionalizadas. El grupo comprende ciudadanos que se trasladaron desde el exterior, tanto nacidos en España como fuera de ella, con independencia de cuándo adquirieron la nacionalidad. Esa composición muestra por qué el aumento de habitantes no puede interpretarse como un recuento de entradas irregulares o de permisos concedidos durante el año.
La cobertura de los medios conservadores puso especial énfasis en el origen extranjero del crecimiento. La Razón destacó que la población extranjera impulsa el avance hacia los 50 millones, mientras El Debate eligió una formulación más marcada, “España crece, pero el 98,8 % de los nuevos residentes nacieron en el extranjero”. El País, en cambio, encabezó su información con la proximidad del récord poblacional. La diferencia de enfoque importa en plena precampaña, porque destacar el origen de los residentes sitúa el dato en el terreno donde PP y Vox concentran sus cuestionamientos a la política migratoria.
El punto político está en cómo responder a una población creciente y qué responsabilidades se atribuyen a la inmigración. El PP vincula sus propuestas de cupos a la disponibilidad de empleo, vivienda y servicios públicos, mientras el Gobierno presenta la regularización como una forma de reconocer y ordenar la situación de quienes ya estaban en el país. El informe permite discutir las necesidades que acompañan al crecimiento, pero no establece que este sea consecuencia de aquella decisión. Una persona podía vivir en España y formar parte de su población antes de recibir los papeles, una distinción central cuando el debate electoral convierte permisos, llegadas y habitantes en cifras aparentemente intercambiables.
Comunidad Valenciana, más habitantes y una vivienda que no alcanza
La Comunidad Valenciana encabeza el crecimiento porcentual de población y concentra uno de los mayores desequilibrios entre nuevos hogares y construcción residencial. Sus habitantes aumentaron un 0,48% entre julio y septiembre, frente al 0,26% del conjunto de España, según el INE. El dato corresponde a toda la autonomía, incluidas las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Ese avance obliga a examinar cómo responde la oferta de vivienda en un territorio donde la llegada de residentes convive con las necesidades de quienes buscan independizarse o formar otro hogar.
La brecha venía acumulándose antes de la regularización extraordinaria. Entre 2021 y 2025 se crearon unos 186.000 hogares y se construyeron alrededor de 56.000 viviendas, según el informe de BBVA Research. La obra nueva equivalía, por tanto, a aproximadamente tres viviendas por cada diez hogares adicionales. Esa comparación no significa que los restantes quedaran sin alojamiento, porque también existe vivienda usada, pero muestra que la nueva construcción avanzó muy por debajo de la formación de hogares. El desequilibrio reúne distintas demandas, desde familias llegadas de otros territorios hasta residentes que se emancipan o dejan de compartir casa.
Participantes desmontan la acampada por el derecho a la vivienda en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, tras 40 días de protesta.
FOTO: EFE / ANA ESCOBAR
La respuesta constructora comenzó a acelerarse, aunque sus resultados requieren tiempo. Los visados de vivienda nueva aumentaron un 47,3% en 2025, frente al 8,8% de media nacional, de acuerdo con BBVA Research. Los visados reflejan proyectos autorizados y no casas terminadas que puedan ocuparse inmediatamente. Mientras tanto, el alquiler anunciado en la autonomía alcanzó en octubre 13,2 euros por metro cuadrado, un 6,1% más que un año antes, según idealista. La evolución tampoco fue uniforme, con aumentos anuales del 7% en la provincia de Alicante, del 10,2% en Castellón y del 5,3% en Valencia. Son precios de oferta del portal, no una media de todos los contratos vigentes.
El caso valenciano permite precisar el debate que la derecha plantea sobre inmigración y capacidad de acogida. Más residentes pueden aumentar la demanda de alojamiento, pero el desfase también depende de cuánto se construye, dónde están esas viviendas y qué precios pueden pagar los hogares. La propuesta del PP de condicionar los cupos migratorios a la disponibilidad residencial aborda una parte de esa relación; las cifras de construcción obligan a examinar también las políticas de suelo, las infraestructuras y los plazos necesarios para ampliar la oferta. Atribuir la presión únicamente a la regularización dejaría fuera un desequilibrio documentado desde años antes de su aprobación.
Madrid y Barcelona, dos mercados donde el problema supera las nuevas llegadas
La presión residencial en Madrid combina crecimiento demográfico, precios elevados y dificultades para ampliar la oferta. La comunidad ganó un 0,46% de población entre julio y septiembre, según el INE, mientras el informe de BBVA Research sobre las restricciones eléctricas identifica un obstáculo adicional para construir. El suelo previsto para los próximos cinco años permitiría levantar 126.000 viviendas, frente a un déficit residencial acumulado estimado en 116.000. Sin embargo, la capacidad eléctrica firme disponible solo permitiría abastecer unas 40.000, por lo que numerosos desarrollos dependen de nuevas infraestructuras. Disponer de suelo, por tanto, no garantiza que las casas puedan terminarse y ocuparse en los plazos necesarios.
En la capital madrileña, esa dificultad para responder a la demanda convive con alquileres anunciados de 23,4 euros por metro cuadrado en octubre, un 4,5% más que un año antes, según idealista. El encarecimiento alcanza también a distritos alejados de los precios del centro, con aumentos anuales del 13,7% en Villaverde y del 10,1% en Vicálvaro. Son importes solicitados en los anuncios del portal y no rentas de todos los contratos existentes, pero permiten observar las condiciones que encuentran quienes buscan mudarse. La presión afecta tanto a nuevos residentes como a personas que ya viven en Madrid y necesitan cambiar de alojamiento o independizarse.
Barcelona presenta una evolución diferente cuando se observan los contratos efectivamente registrados. La estadística de la Generalitat, basada en las fianzas depositadas en el Institut Català del Sòl (INCASÒL), situó la renta mensual media de los contratos de vivienda habitual en 1.140,89 euros durante el segundo trimestre de 2026. El importe era ligeramente superior a los 1.135,55 euros del mismo periodo de 2025, pero inferior a los 1.193,51 del primer trimestre de 2024, antes de la aplicación de los límites en las zonas tensionadas. La comparación muestra que las rentas no evolucionan al mismo ritmo en ambos mercados, aunque esa moderación tampoco permite conocer por sí sola cuántas viviendas están disponibles para nuevos inquilinos.
La huelga general del 11 de noviembre puso la vivienda, los salarios y los servicios públicos en el centro del debate electoral, atravesado también por las propuestas migratorias.
FOTO: EFE / MARISCAL
Los registros municipales añaden otro matiz sobre la oferta barcelonesa. Durante el primer trimestre se firmaron más contratos de alquiler habitual de los que se cancelaron, con un saldo positivo de 493, según el Ayuntamiento. La administración local señala que una menor rotación de contratos también puede responder a estancias más largas y mayor estabilidad de los inquilinos. Por eso, contar menos firmas en un periodo no equivale automáticamente a demostrar que desaparecieron viviendas del alquiler. En paralelo, las fianzas de temporada descendieron un 34,9% interanual, hasta 1.528, tras la entrada en vigor de la regulación catalana de esta modalidad en enero.
El destino de las viviendas sigue siendo parte central del problema en las dos ciudades. Un informe del Ministerio de Consumo, coordinado por el investigador del CSIC Javier Gil, contabilizó 7.397 anuncios de alquiler de temporada en Madrid y 6.708 en Barcelona entre marzo y septiembre. Ambas reunían el 45,5% de los anuncios de esa modalidad publicados en las 53 capitales analizadas. En Barcelona había 67,5 anuncios de temporada por cada cien de alquiler residencial. El estudio utiliza datos anteriores a los decretos estatales de vivienda de octubre y establece una referencia para evaluar si los cambios normativos consiguen devolver parte de esa oferta al alojamiento habitual.
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