El costo oculto: Nuevas tasas y menos acceso
Pero el recurso judicial, que había sido la gran alternativa, también fue golpeado por las nuevas medidas. En el presupuesto 2025, el gobierno de Giorgia Meloni impuso una tasa judicial de 600 euros por solicitante, encareciendo de forma drástica el trámite.
“Fue un nuevo filtro económico”, afirma Ciccone. “No solo se busca frenar el flujo de solicitudes, sino desalentar directamente a quienes no pueden afrontar ese costo inicial”.
De esta manera, el acceso a la ciudadanía italiana se volvió más elitista. Quienes tienen recursos pueden seguir adelante, mientras que el resto queda atrapado entre la burocracia y los plazos inciertos.
¿Qué dice la Justicia italiana sobre la ciudadanía iure sanguinis?
A pesar del panorama adverso, Ciccone aclara que todavía hay esperanza. La Corte Constitucional italiana, a través de la Sentencia N°142/2025, reafirmó que la ciudadanía italiana iure sanguinis es un derecho originario, permanente e imprescriptible.
Esa definición es clave, porque contradice el espíritu de la Ley 74/2025, y podría derivar en su declaración de inconstitucionalidad. Según el especialista, “hay grandes chances de que la Corte termine tachando la norma y obligue al Ejecutivo a redactar una nueva ley acorde a la Constitución”.
El problema es que, mientras tanto, en el Parlamento ya circulan proyectos aún más restrictivos, algunos de los cuales plantean plazos cortos para presentar solicitudes, similares a los que España aplicó con su Ley de Memoria Democrática.
¿Por qué recomiendan iniciar el trámite de ciudadanía italiana ahora?
Ciccone afirma. “Armar una carpeta de ciudadanía no es algo inmediato. Buscar documentos, corregir errores, obtener partidas antiguas... Puede llevar meses o incluso años. Si mañana se aprueba una ley con plazo de vencimiento, miles quedarían afuera sin remedio”.
Por eso, los especialistas coinciden en que el momento para iniciar el trámite es ahora, bajo la vigencia actual, que aún podría ser revertida judicialmente.
Además, explica que una eventual nueva ley sería aún más severa, por lo que la estrategia pasa por entrar al sistema antes de que las reformas sean definitivas.
Los problemas del Consulado de Rosario y el laberinto del pago internacional
El panorama se complica todavía más en Argentina. A las trabas legales se suman dificultades operativas en los consulados, especialmente en Rosario. Ahí, una tasa exigida para inscribir a hijos menores generó caos entre los solicitantes.
La razón es que el Banco Central argentino (BCRA) impide transferencias internacionales a cuentas del exterior, y la normativa italiana exige que el pago se realice directamente al Ministerio del Interior en Italia.
Durante semanas, el sitio web del Consulado de Rosario no actualizó la información, lo que llevó a que muchos ciudadanos hicieran transferencias erróneas o inválidas, perdiendo no solo tiempo sino también dinero.
Cuando finalmente se actualizó la página, el consulado omitió aclarar los métodos de pago válidos, dejando a cientos de familias en un limbo burocrático.
“No se sabe si se aceptarán pagos realizados por familiares en el exterior o si el solicitante debe tener una cuenta propia fuera del país. La incertidumbre es total”, denuncia Ciccone.
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La vía judicial: La última ventana abierta a la ciudadanía italiana
Pese a todo, la vía judicial sigue siendo el único camino viable para muchos argentinos descendientes de italianos. La Corte Constitucional ha reiterado que el derecho a la ciudadanía puede reclamarse en cualquier momento, siempre que se acredite el vínculo con el antepasado (avo).
Esta opción es especialmente importante para los bisnietos y tataranietos nacidos antes del 27 de marzo de 2025, que quedaron excluidos por las nuevas restricciones consulares.
Incluso el presidente de Italia, Sergio Mattarella, expresó públicamente su preocupación, afirmando que las limitaciones impuestas “generan desorientación y malestar entre los italianos en el exterior”, y pidió una “reconsideración meditada” de la ley.
El mensaje final del especialista no deja margen de duda. “Hoy todavía existe una ventana de oportunidad. Pero si se espera demasiado, los tribunales colapsarán y el margen legal para reclamar se reducirá drásticamente. Actuar ahora no es una opción, es una necesidad estratégica”.
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