Brasil: Vía tribunal, un padre obliga a su hija violada a parir
En Brasil un hombre logró que un tribunal obligara a su hija a mantener el embarazo. Allí el aborto es legal si el embarazo es resultado de una violación.
11 de julio de 2024 - 10:45
En Brasil un hombre logró que un tribunal obligara a su hija a mantener el embarazo. Allí el aborto es legal si el embarazo es resultado de una violación.
Lo más curioso del asunto es que fue el padre de la adolescente, respaldado por una influyente grupo provida religioso, quien buscó a la justicia para forzar a su hija a continuar con el embarazo. Y lo que es peor, el sospechoso de la violación es un hombre de 24 años que, según las fuentes, es conocido del padre, según Intercept Brasil.
Incluso el progenitor de la niña cuestionó la violación, se refirió a un "noviazgo" y dijo que estaba "pendiente de investigación”. Cabe aclarar que el estupro (allí cualquier relación sexual con niños menores de 14 años) es considerado violación por la justicia.
Según fuentes, el padre no lo ve como un problema tal ve porque su propia hija es fruto de un embarazo infantil. Cuando nació, su madre tenía solo 12 años.
El caso según en palabras del diario citado, es una “lucha contra el tiempo”. Cuanto más avanzado es el embarazo, mayor es el riesgo para esta niña. El retraso de la interrupción voluntaria del embarazo ya ha hecho que la niña se plantee abortar por su cuenta, poniendo en riesgo su vida.
De acuerdo con los datos e información del caso a los que accedió Intercept Brasil, la chica decidió interrumpir el embarazo cuando tenía 18 semanas. Acudió al Hospital Estatal de Mujeres de Hemu, en Goiânia. Sin embargo, el nosocomio en contraposición de ley que prioriza, en los casos de violación, la palabra de la mujer, pidió permiso a su padre, que tiene la custodia de la niña.
El padre se negó. Al principio, cuando la niña ya tenía más de 20 semanas, el hospital autorizó un parto prematuro, pero luego el 27 de junio suspendió cualquier interrupción. El equipo médico afirmó que no se sentían seguros ni respaldados legalmente para el procedimiento y por lo tanto acudieron a los tribunales.
Tras la negativa del hospital y dos de los juzgados, la niña de 13 años ya se encamina hacia 28 semanas de embarazo. Así, empezó la discordia familiar y la polémica en torno a interpretación del sistema judicial de Goiás sobre el aborto en Brasil.
El aborto se castiga en el país con pena de hasta tres años de prisión y solo se permite por tres motivos: violación, riesgo para la vida de la persona embarazada y cuando el feto sufre anencefalia, un defecto congénito mortal.
Con la ayuda de varios abogados, un sacerdote, una monja y el grupo provida "Comisión para la Defensa de la Vida de la Asociación de Juristas Católicos”, el padre “presentó un pedido para que la niña mantuviera el embarazo hasta la semana 30, cuando el feto tendría posibilidades de sobrevivir fuera del útero”, informó el diario brasileño.
Así se opuso a los deseos de su hija. La semana pasada la jueza Maria do Socorro de Sousa Afonso e Silva también le impidió el aborto. “Concedió una medida de urgencia autorizando la interrupción, pero sólo si el equipo médico adoptaba métodos para preservar la vida del feto”. Además, prohibió procedimientos abortivos como la asistolia, en la que se induce al feto a morir dentro del útero para evitar sufrimiento.
En resumen, la justicia estatal está obligando a la niña a someterse a un parto extremadamente prematuro. El tribunal esta en el ojo de la tormenta porque en 2022 ya había obligado a otra niña de 11 años a tener el embarazo de su padrastro de 43 años.
Este caso acontece en medio la discusión del proyecto de ley iniciado por los bolsonaristas en Parlamento que intenta equiparar cualquier aborto después de 22 semanas con un homicidio -incluso en casos como este, que implican violencia contra niños y adolescentes.
En los últimos 10 años, en Goiás, hubo casi 6 mil casos de nacimientos de madres entre 10 y 14 años. El estado registra, en promedio, nueve mujeres violadas por día, según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública. La polémica también resalta en la tendencia provida en los tribunales y la influencia de grupos religiosos antiaborto que obstaculizan el acceso a un derecho garantizado por la ley.
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