"Allí, con Fefe todo cagado, llegan ante un escribano público, Horacio Chiesa (...) Allí lo hacen a Fefe declarar y, en todo caso, participar de la conversación, y cuando terminan dicen: 'Ahora hay que firmar'. Se va al baño con el teléfono en la mano y cuando vuelve dice: 'Yo no firmo nada'", sostuvo Federico.
Cabe destacar que la propia Gianni ratificó estos sucesos, aunque indicó que Fernández participó voluntariamente de la reunión con el escribano para la formulación del acta, pese a que luego se negó a firmar el documento tras consultarlo con su abogado.
El periodista prosiguió su relato:
La presión no comenzó ahí, sino en el piso 14 del Ministerio de Desarrollo Social (...) Según pudimos reconstruir, hay una persona que trabajo en el equipo de Pablo de la Torre, una chica de nombre 'Sofía' La presión no comenzó ahí, sino en el piso 14 del Ministerio de Desarrollo Social (...) Según pudimos reconstruir, hay una persona que trabajo en el equipo de Pablo de la Torre, una chica de nombre 'Sofía'
Entonces, Federico citó la declaración de tal joven ante el escribano, quien indicó que acompañó a una mujer desconocida a la oficina de Manuel de la Torre, hermano de Pablo y Joaquín quien también posee una privada en el ex Ministerio de Desarrollo Social. Allí, se encontraban Fernández junto a Gianni y personal de seguridad.
"'Estaban las persianas bajas y estaba todo en penumbras y vi claramente cómo estaban amedrentándolo a Federico", completó el panelista y agregó: "Todo esto ocurrió horas antes de que a De la Torre y toda la banda que traía de Capital Humano los rajaran".
Revés para Sandra Pettovello: Cámara Federal ratifica ultimátum
Revés para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello: la Cámara Federal porteña confirmó la medida cautelar impuesta por Sebastián Casanello y le dio "72 horas" para que "elabore un plan de distribución de dichos alimentos previendo su ejecución de modo inmediato".
Los jueces de la Sala II, Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, respondieron así a la apelación presentada por Capital Humano a la resolución del juez Casanello.
Ayer, el fiscal General interino ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe, había afirmado que “el intento” del Gobierno “de correr el eje de la discusión es evidente” y subrayó que investigan “delitos”, y no discuten políticas alimentarias de Gobierno.
Fue luego de que el Gobierno nacional criticara a Casanello, acusándolo de "entrometerse en la política pública”, “violar la división de poderes”, además de calificarlo dentro de los "jueces militantes".
En su voto el presidente de la Sala, Martín Irurzun sostuvo: “La decisión fue adoptada por un juez penal en el marco de una causa en desarrollo, con lo cual no puede sostenerse -como pretende la recurrente- que estamos en presencia de una intromisión indebida de la justicia en esferas que son de exclusiva competencia de otro órgano del Estado”.
Al profundizar en este punto, el camarista añadió: “No están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria sino, lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos”.
En ese contexto, Irurzun resaltó: “esta sede no interviene para discutir aspectos propios de las acciones colectivas que tramitan en aquél fuero y que tienen como objetivo la continuidad de un sistema de entrega de alimentos por parte del Estado Nacional, sino investigar los hechos ilícitos denunciados y adoptar -en base a ellos e incluso desde el inicio de la causa- aquellas medidas que tiendan a evitar la consolidación, continuidad o extensión del daño".
“Bajo tal perspectiva, sin desconocer que se tomaron acciones para distribuir los productos cuyo vencimiento está más cerca pero sin perder de vista que aún existen otros productos cuya caducidad se encuentra próxima, entiendo que corresponde confirmar la decisión del juez en cuanto solicitó al Ministerio de Capital Humano confeccionar el plan de distribución de ejecución inmediata, entiendo que c orresponde confirmar la decisión del juez en cuanto solicitó al Ministerio de Capital Humano confeccionar el plan de distribución de ejecución inmediata, encomendándole a su vez que ajuste y reencamine la pesquisa de conformidad con el objeto penal denunciado”, agregó.
Por su parte, el juez Farah sostuvo que Casanello partió de la base de su competencia penal para la averiguación de los delitos denunciados y de la estrecha relación entre ello y los alimentos almacenados que no estaban siendo entregados.
Se entendió que la medida cautelar “puso el acento en expresas previsiones de uno de los tratados internacionales con jerarquía constitucional que resultan de aplicación al caso por existir en el país una situación de pobreza de alcances significativos y por haberse demostrado la existencia de numerosos alimentos adquiridos y almacenados para ser destinados a paliar aquella situación”.
Además, se explicó en el fallo, Casanello no ordenó la entrega de los alimentos, sino que encomendó “al Ministerio de Capital Humano que, en el marco de sus competencias, elabore un plan de distribución” de los alimentos almacenados en 2 depósitos concretos.
Esta diferencia “pone de manifiesto una actitud de prudencia del Juez de Primera Instancia, que debe ser destacada".
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