Mucha subjetividad / politización local en el caso YPF / Burford. Interesante cómo lo ven en el exterior y esto incluye un archivo de Sebastián Maril.
En Financial Times, Kaye Wiggins en Nueva York y Daniel Politi en Buenos Aires acerca de YPF / Burford Capital y la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que corrigió un mal (y sospechoso) fallo de la jueza Loretta Preska:
"Un tribunal de apelaciones estadounidense ha revocado un fallo que declaraba a Argentina responsable de pagar 16.000 millones de dólares a los antiguos accionistas de la petrolera YPF, lo que supone un triunfo para el país y un revés para la empresa de financiación de litigios Burford Capital.
El viernes, los jueces del tribunal federal de apelaciones de Nueva York dictaminaron que un tribunal inferior se equivocó al declarar responsable a la nación sudamericana , una suma que, según los jueces, representaba aproximadamente el 45 por ciento de su presupuesto fiscal nacional total para 2024.
Burford Capital, la empresa de financiación de litigios, había respaldado las reclamaciones de los accionistas y habría recibido una parte de la indemnización. Sus acciones cayeron hasta un 54% tras el fallo, su mayor descenso intradía desde julio de 2020. Cerraron con una caída del 47 % a 4,14 dólares en Nueva York.
Los jueces determinaron que las reclamaciones de los accionistas "no son admisibles conforme al derecho argentino".
El presidente argentino, Javier Milei, publicó en X que el fallo del tribunal de apelaciones era "el mejor escenario posible".
La decisión “aclara las dudas e incertidumbres que pesaban sobre el futuro de YPF, reforzando la previsibilidad necesaria para el desarrollo de proyectos estratégicos y la consolidación del sector energético argentino”, afirmó en un comunicado.
Las acciones de YPF, que cotizan en Estados Unidos, subieron más de un 6% tras el fallo judicial.
Christopher Bogart, director ejecutivo de Burford, declaró: “La decisión del Segundo Circuito es obviamente muy decepcionante y supone un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York.
“Sin embargo, siempre hemos dicho que existía un riesgo asociado a litigar este caso en los tribunales estadounidenses, y a menos que los demandantes puedan revocar esta lamentable decisión del panel, el arbitraje de tratados de inversión sigue siendo una opción totalmente viable”, añadió.
El caso se deriva de la expropiación por parte de Argentina en 2012 del 51% de las acciones de YPF, propiedad de la española Repsol, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Su gobierno calificó la medida como un esfuerzo por revertir la fuerte caída de la producción energética nacional, pero no lanzó una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, argumentando que hacerlo resultaría prohibitivamente costoso.
La demanda fue interpuesta por los accionistas minoritarios Petersen y Eton Park, quienes argumentaron que el hecho de no haber realizado dicha oferta pública de adquisición infringía los estatutos de la empresa y les daba derecho a una indemnización.
Petersen, que había financiado su participación de aproximadamente el 25% en YPF con deuda, quebró tras la nacionalización y posteriormente vendió sus derechos de litigio a Burford Capital, que procedió a financiar y llevar adelante el caso.
La sentencia del tribunal inferior de 2023 fue una de las mayores condenas dictadas por un tribunal estadounidense contra un Estado soberano extranjero.
Dicho tribunal dictaminó que el gobierno argentino infringió los estatutos de la YPF en la forma en que llevó a cabo la renacionalización y que debe indemnizar a Petersen y a Eton Park.
Desde entonces, el caso se ha convertido en un punto álgido de la política argentina, y Milei lo utiliza como ejemplo de lo que él ha descrito como el costoso legado de las políticas intervencionistas de gobiernos de izquierda anteriores.
Milei ha culpado repetidamente al exministro de Economía, Axel Kicillof, quien supervisó la nacionalización y ahora es gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los líderes de oposición más destacados del país, por la responsabilidad.
“Creo que supone un revés para el sector de la financiación de litigios”, declaró al Financial Times Robert Giuffra, copresidente de Sullivan & Cromwell, que representó al gobierno argentino en el caso.
"Es muy probable que los inversores se muestren escépticos ante el riesgo de financiar litigios agresivos en Estados Unidos cuando una rentabilidad de la inversión del 37.000% se convierte en 0", añadió, refiriéndose a la rentabilidad potencial de Burford por la financiación de la demanda.
El panorama energético de Argentina ha cambiado notablemente desde la nacionalización de 2012. La producción de petróleo y gas se ha disparado en los últimos años, impulsada por el desarrollo de vastas reservas de esquisto en la formación Vaca Muerta, lo que ha contribuido a impulsar las exportaciones y ha reforzado las expectativas de que el sector podría convertirse en un motor clave de crecimiento.
Sebastián Soler, ex subprocurador general del gobierno anterior, afirmó que el fallo del viernes reivindicaba la estrategia legal que Argentina ha mantenido durante mucho tiempo en el caso de las YPF.
“El Tribunal de Apelaciones falla a favor de nuestro país basándose en los mismos argumentos, conforme a la ley argentina, que se plantearon desde el inicio del caso, cuando la defensa estaba a cargo del gobierno anterior”, afirmó.
“El mérito del gobierno actual reside en haber reiterado esos mismos argumentos en la apelación.”
¿Es bueno o malo para Sebastián Maril este comparativo de posteos? Para Urgente24 es malo para Javier Milei y es bueno para Axel Kicillof. Y también para la soberanía de la sociedad argentina.
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Pero Sebastián Maril, director de la consultora Latam Advisors, que ha seguido de cerca el caso, advirtió que el fallo podría tener implicaciones más amplias para los inversores, ya que sugiere que la ley soberana puede anular los compromisos adquiridos con los accionistas.
“Para mí, esta es una muy mala señal para los mercados de capitales”, dijo.
Los inversores respaldados por Burford podrían intentar apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero eso podría prolongar el caso durante años.
“Actualmente, la actividad de Burford se basa en una amplia cartera de asuntos ajenos a YPF”, declaró Bogart. “Mientras evaluamos los próximos pasos, mantenemos la confianza en la solidez del negocio y en las oportunidades que se presentan”.
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