Además, la Ley Bases señala que existe una falta "grave cuando durante una medida de acción directa se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento y se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa".
Esta modificación también golpea a Atilra, que amenazaba a los empleados de SanCor para que no vayan a trabajar y se sumen a la medida de fuerza. Por esta situación, el 27 de marzo de 2024, el fiscal Juan Manuel Puig, de la Fiscalía Regional N.º 5 de Rafaela, imputó a ocho empleados de la planta que SanCor tiene en Sunchales por los delitos de “amenazas calificadas por el propósito de compeler a otras personas a hacer abandono de su lugar de trabajo”. Puig también incluyó los cargos por “usurpación por turbación de la posesión” y “amenazas coactivas”.
Incluso, Atilra generó que SanCor se vea obligada a tirar 100.000 litros de leche que no se pudo procesar y se puso en mal estado, gracias a un bloqueo de tres días en octubre de 2023 que el gremio realizó en todas las plantas y centros de distribución del país. Este bloqueo puso en riesgo la cadena de producción para 3 millones de litros de leche.
El conflicto entre SanCor y Atilra continúa y finalizará recién cuando la cooperativa láctea consiga un inversor que le dé los fondos necesarios para saldar la deuda con el gremio. Pero a diferencia de momentos anteriores, SanCor vive una suerte de tranquilidad, mientras Atilra mantiene un leve reclamo, que incluye el pago de 300 mil pesos en efectivo “a las y los compañeros que actualmente retienen la prestación”.
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