Los ejecutivos del fondo que a su vez es propiedad del consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund (IAF), se comprometieron con las autoridades del Ministerio de Economía de la Nación a intentar acordar con los principales acreedores.
El ministerio que dirige Luis Caputo es el que tiene a su cargo el proceso de salida tanto del Estado nacional como de Mendoza del capital de IMPSA, cuya sede se encuentra en la localidad de Godoy Cruz El ministerio que dirige Luis Caputo es el que tiene a su cargo el proceso de salida tanto del Estado nacional como de Mendoza del capital de IMPSA, cuya sede se encuentra en la localidad de Godoy Cruz
La Comisión Evaluadora que formó Economía recomendó adjudicar el paquete mayoritario al fondo para mostrar lo que sería la primera privatización concreta del gobierno de Javier Milei.
En el documento oficial difundido por el directorio de IMPSA a mitad de enero, se informó oficialmente que ARC Energy había solicitado hasta fin de este mes para firmar el acuerdo definitivo, condicionado al refinanciamiento de la deuda con sus acreedores.
"IAF solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener consentimientos al refinanciamiento de la deuda de Impsa. De cumplirse esta condición (o si IAF renuncia a ella), se procederá a la redacción del contrato de compraventa", argumentaba el paper de IMPSA.
Una torre desoxigenadora que IMPSA diseñó y fabricó en su Centro de Desarrollo Tecnológico de Mendoza para el Yacimiento Barrancas de YPF, en Luján de Cuyo. Foto: impsa.com.
Los acreedores
Entre los acreedores de IMPSA se destacan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el Banco Nación y el fondo de inversión chileno Grupo Moneda, vinculado al viceministro de Economía, José Luis Daza.
Tal como se detalla en el informe de IMPSA, la cartera económica también dejó en claro el pedido de ARC Energy para obtener el refinanciamiento de la deuda que guarda con los acreedores de Impsa, que alcanza la cifra de US$576 millones.
Otras condiciones para que el pre acuerdo se convierta en una decisión final son la conformidad de los acreedores o la renuncia de IAF a esta exigencia antes del 31 de enero o el levantamiento por parte del oferente de dicha condición.
También, que se suscriba el contrato con el Estado nacional y Mendoza antes de la misma fecha; un depósito inicial de US$S5 millones a modo de respaldo de las operaciones comprometidas en IMPSA y la continuidad del contrato entre Impsa y EPSE S.E. para el desarrollo del Parque Fotovoltaico Alfa.
A esto se le suma la necesidad de negociar o dar por finalizados los contratos que la metalúrgica posee con varias sociedades oficiales sin que dicha determinación abra la puerta a reclamos judiciales futuros.
Por ahora, tanto en el seno de ARC Energy con en el Gobierno no existen certezas de que esa negociación pueda finalizar con éxito ya que no se sabe si el fondo extranjero pudo ofrecer un mecanismo de pago de la deuda a los principales acreedores entre los que también se encuentran el Export Development Canada; la Corporación Andina de Fomento y bonistas internacionales y el grupo brasileño Bradesco, así como el Bapro; el Banco Hipotecario; el BICE y tenedores de varias series de Obligaciones Negociables (ON).
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