IMPSA fue fundada en 1907 por la familia Pescarmona y creció como una de las principales empresas metalúrgicas del país, especializada en el diseño y fabricación de equipamiento de alta tecnología para proyectos de infraestructura energética. Sin embargo, la empresa enfrentó graves problemas financieros a partir de la década de 2010, en gran parte debido a negocios fallidos en Venezuela y Brasil. Estos compromisos, adquiridos a través de una subsidiaria brasileña, llevaron a la acumulación de una deuda superior a los US$1.000 millones para 2018.
En 2021, el gobierno de Alberto Fernández decidió estatizar IMPSA, en un intento por salvar la empresa de la quiebra y preservar los más de 700 puestos de trabajo que generaba. En ese momento, el Estado nacional adquirió el 63,7% de las acciones, inyectando US$15 millones para mantener las operaciones, mientras que la provincia de Mendoza aportó otros US$5 millones para asegurar su participación en la estructura accionaria.
El objetivo de la estatización era preservar una compañía considerada estratégica, tanto por su capacidad de generar exportaciones como por su relación con más de 100 pequeñas y medianas empresas que dependen de su actividad. IMPSA exporta el 85% de su producción y opera en más de 40 países, con contratos relevantes en sectores como el petróleo, el gas, y las energías renovables.
Sin embargo, la empresa continuó enfrentando dificultades financieras, acumulando una deuda de US$566 millones, según datos del Ministerio de Economía. A pesar de la reestructuración de la deuda realizada en 2020, el panorama para IMPSA siguió siendo deficitario, lo que llevó al gobierno de Javier Milei a incluirla en su plan de privatizaciones.
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El gobierno de Javier Milei incluyó a IMPSA en su plan de privatizaciones.
La licitación internacional, que se abrirá en las próximas semanas, será clave para definir el futuro de la empresa. El gobierno de Mendoza y el Ministerio de Economía trabajan en conjunto para llevar a cabo un proceso de venta transparente y competitivo, que atraiga a inversores con la capacidad financiera y técnica para revitalizar la compañía.
Uno de los principales criterios que evaluarán las autoridades será el plan de negocios de los interesados, que deberá asegurar la continuidad de las operaciones de IMPSA, la preservación de los puestos de trabajo y la participación de las pymes locales en la cadena de producción.
Los inversores deberán a la vez asumir la deuda de más de US$500 millones que arrastra la empresa, lo que podría influir en las ofertas que se presenten.
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