La Mesa de Enlace y sectores de la oposición entraron en alerta cuando salió a la luz que el proyecto de presupuesto para 2023 incluye un párrafo que le otorga al Poder Ejecutivo la facultad para subir retenciones a las exportaciones, una potestad del Congreso.
Se trata del Art. 96 del proyecto que actualiza el Art. 52 de la Ley N° 27.541, en cuyo noveno párrafo le otorgaba al Gobierno la facultad de fijar derechos de exportación hasta el 31/12 de 2021. La ley que invoca el artículo cuestionado fue la de emergencia económica sancionada al principio de la administración de Alberto Fernández.
El proyecto de presupuesto incluye una modificación por la cual la potestad para subir se le delega al Ejecutivo hasta el 31/12 de 2023.
La Mesa de Enlace de las organizaciones agropecuarias emitió un comunicado en el que instó al Congreso a no ceder sus facultades y denunció que "la política pretende coartar el crecimiento y el desarrollo productivo con políticas confiscatorias imponiendo gravámenes que restringen la producción, el crecimiento y la generación de empleo”.
Quien recogió el guante fue el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, quien aseguró que es "una decisión política" no aumentar las alícuotas de retenciones el próximo año. Bahillo es el hombre Sergio Massa para la relación con el campo, un vínculo que el ministro de Economía prioriza por la capacidad de generación de dólares para el sector. Al punto tal que les garantizó durante septiembre un tipo de cambio más alto para estimular las liquidaciones, algo que irritó particularmente al kirchnerismo. Una queja clara fue la de Máximo Kirchner este fin de semana, que interpretó que esa política, que ya cesó, implicó que el Gobierno se pusiera "de rodillas" ante las cerealeras.
Bahillo dio aquella respuesta ante el plenario de comisiones que estudia el proyecto de presupuesto. Fue ante la consulta de los diputados Juan López y Ricardo Buryaile.
El secretario de Agricultura insistió en que no está en la voluntad del Gobierno subir retenciones, pero al mismo tiempo dijo que no le correspondía "definir si corresponde sacar el artículo o no". En cambio, hizo una propuesta: que se mantenga el artículo pero que los legisladores lo modifiquen para que sólo se permitan bajas de las alícuotas.
¿Por qué se incorporó la modificación al texto si el Gobierno, como dice Bahillo, tomó la "decisión política" de no modificar retenciones?
Esa es la pregunta que se hacen en el sector agropecuario que sigue desconfiando del Gobierno a pesar del diálogo que pudo construir con Massa.
Las críticas al Gobierno continuaron este miércoles en el Agro Summit organizado en La Rural por la revista Forbes y Radio Continental, donde la Mesa de Enlace participó de un panel.
“Hay una miopía en la política que no deja ver que la puerta a la estabilidad del país debe pasar por alentar a los sectores productivos”, dijo Carlos Iannizzotto, de Coninagro.
El dirigente reclamó nuevamente la reducción de la carga impositiva. “El tema fundamental que requiere el sector privado es la baja de impuestos. Nuestros productores están atados”, dijo.
"Con el problema de Ucrania y Rusia este año era el momento justo para incentivar la siembra de trigo y desde el gobierno, lo único que hicieron fue poner trabas en las decisiones de los productores", reprochó por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.
Por otro lado, y más allá que la medida fue bien recibida por los productores, que liquidaron cosecha por el incentivo, tanto Pino como Iannizzotto ofrecieron una mirada crítica respecto del 'dólar soja'.
“Más allá del sentido recaudatorio, las últimas medidas generan distorsión en las economías regionales. Proponemos una mirada diferente que aliente a la producción”, dijo el titular del Coninagro.
"El dólar soja fue una medida recaudatoria para el gobierno, no en favor de los productores", dijo, por su parte, el dirigente de la SRA.
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