Según el presidente, la eliminación de estos gastos permitirá generar recursos fiscales adicionales que serán compartidos entre el gobierno central y las administraciones regionales.
Bolivia ha mantenido algunos de los combustibles más subsidiados de América Latina, una política que, sumada a la caída de la producción de gas natural, ha erosionado las reservas internacionales. Esta situación derivó en escasez tanto de combustibles como de dólares, afectando la actividad económica y el comercio exterior.
Para mitigar el impacto social del ajuste, el gobierno anunció medidas de protección. Entre ellas se incluye un aumento del 20 % en el salario mínimo para el próximo año, que alcanzará los 3.300 bolivianos (US$ 477,57). Además, la Renta Dignidad, destinada a adultos mayores sin pensión, se incrementará en 150 bolivianos (poco más de US$ 21), mientras que el bono escolar para estudiantes de escuelas públicas aumentará en 100 bolivianos (menos de US$ 15), en ambos casos un alza del 50 %. También se implementará un programa extraordinario de transferencias directas para las familias más vulnerables.
La reacción de los mercados
Las medidas fueron bien recibidas por los mercados financieros. Los bonos bolivianos en dólares con vencimiento en 2028 subieron levemente, mientras que los títulos a 2030 registraron variaciones marginales. Analistas advirtieron a Bloomberg, no obstante, que el ajuste podría generar resistencia social y presiones inflacionarias adicionales en el corto plazo.
El decreto económico también autoriza al banco central a asegurar líneas de financiamiento externo y avanzar hacia un nuevo régimen cambiario, lo que podría poner fin al tipo de cambio fijo vigente desde 2011. Con estas decisiones, el gobierno busca estabilizar la balanza de pagos y recuperar la confianza de los inversores, en una etapa de profundas transformaciones para la economía boliviana.
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