En relación con la ley 26.682, de la cual el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dejó sin efecto algunos artículos, la misma le otorgaba a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de fiscalizar y garantizar "la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales". El sistema vigente en 2023 implicaba que este organismo público publicaba mensualmente la variación de un Índice de Costos de Salud, y ese porcentaje era el autorizado para el aumento de las cuotas; además, se establecía un límite para el incremento en el caso de afiliados con ingresos hasta cierto monto, quienes debían completar una declaración jurada.
Para enero de este año, el índice resultante de este mecanismo permitía un aumento del 6,76%. Sin embargo, la suba tope (equivalente al 90% de la variación del índice salarial Ripte para un mes determinado) fue superior, alcanzando el 8,51%. Este último porcentaje es el que menciona la jueza en el fallo de hoy, lo que podría interpretarse como el aumento autorizado a aplicar.
En realidad, siguiendo la regulación de precios, todos los planes habrían tenido un aumento del 6,76%, ya que el aumento topeado se volvía inaplicable cada vez que superaba al índice general. En realidad, siguiendo la regulación de precios, todos los planes habrían tenido un aumento del 6,76%, ya que el aumento topeado se volvía inaplicable cada vez que superaba al índice general.
Antes de la emisión del DNU, se sabía que algunos afiliados iban a recibir una factura con un ajuste del 40,67%. Esto se aplicaba específicamente a aquellos que tuvieron la cuota congelada en octubre, noviembre y diciembre, según una decisión tomada en el marco del "plan platita" por el entonces ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa. Este porcentaje corresponde al aumento de precios acumulado, según el índice oficial, entre octubre y diciembre. Las empresas de medicina prepaga tomaron diferentes decisiones respecto a incorporar o no estos incrementos, al mismo tiempo que aplicaron las subas que ya no estaban sujetas a la intervención del Estado.
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