Advierten que las prepagas elevaron sus cuotas muy por encima de lo que pagan a quienes prestan los servicios de salud, y esa diferencia es crítica para el sostenimiento del sistema.
Esta diferencia, según CADIME, es cada vez mayor, y hace que la situación para la Argentina se vuelva crítica.
Afirma que los aumentos de los aranceles reconocidos a las empresas y profesionales prestadores siguen siendo insuficientes para compensar el efecto que la inflación y el aumento de los costos operativos que tiene sobre el sector, lo que genera tensiones y conflictos que afectan a la totalidad de los prestadores ambulatorios, sobre todo a las pymes de salud, y a los usuarios.
Remarca también que desde 2022, y especialmente en 2023 y este año, creció la disparidad entre los aumentos de los costos operativos en los prestadores de análisis clínicos, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, radioterapia, oftalmología, odontología, kinesiología, diálisis, consultorios médicos y demás prácticas ambulatorias y los valores que los compradores de servicios les pagan por su trabajo.
Ello provoca que por un lado, las personas tengan que pagar cuotas del seguro de salud cada vez más caras, además de copagos que antes no abonaban, mientras que los prestadores de salud reciben cada vez menos, lo que compromete seriamente la sustentabilidad de la importante red prestacional en todo el país, clave por su accesibilidad.
CADIME remarca, de un relevamiento realizado hasta este octubre, que las cuotas de las empresas de medicina prepaga en los últimos dos años tuvieron un incremento del 435% promedio, mientras que los aranceles que reciben los prestadores de salud apenas subieron entre 160% y 224%.
La inflación general y la inflación del sector de salud registraron aumentos en ese período de 544 y 583%, respectivamente, según el INdEC, situación que justifica el aumento de las cuotas de la medicina prepaga para afrontar los costos de infraestructura de salud, pero que dificulta aún más el justo traslado a los aranceles que pagan a los prestadores.
Además, el pago de las prestaciones realizadas se hace entre 60 y 90 días después de su facturación por lo que, incluso frente a la desaceleración de los últimos meses, resulta letal para los prestadores de salud.
Hasta el año pasado, si bien los aranceles estaban regulados y las prepagas debían trasladar el 90% de los aumentos autorizados en las cuotas a los aranceles, esto no se cumplió. En efecto, según relevamiento interno de CADIME, más del 80% no recibió esos aumentos.
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