Luego, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires rechazó una demanda contra el Gobierno porteño iniciada por CUCICBA. La agremiación de corredores solicitaban que se dejara sin efecto la Ley N°5.859 y su decreto reglamentario por considerarla inconstitucional. En ese sentido, el TSJ concluyó que es el dueño del inmueble, y no el inquilino, quien contrata a una inmobiliaria, al tiempo que reivindica las competencias de cada provincia para regular en materia de aranceles de las actividades profesionales. De ese modo dejó sin efecto el fallo de la Cámara.
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Gervasio Muñoz, Inquilinos Agrupados, afirmó que se trata del “puntapié inicial para lograr que en el resto de las provincias se avance en la modificación de las leyes que nos obligan a pagar honorarios a inmobiliarias que sólo defienden los intereses de propietarios".
El error del CUCICBA y la escala nacional
En última instancia, CUCICBA intentó que el caso fuera revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, el máximo tribunal decidió rechazar el recurso porque el estudio del abogado Jorge Martín Irigoyen, patrocinante de CUCICBA, no adjuntó las fotocopias que solicita el Reglamento de la Corte.
“Este error es imperdonable porque deja firme la sentencia que establece la constitucionalidad de la Ley, pero es muy grave el hecho de que la Comisión Directiva del CUCIBA no nos haya comunicado, a los corredores, esta decisión que la Corte Suprema tomó en el mes de mayo”, señala un colegiado porteño en el marco del programa radial Conexión Abierta.
Por su parte, el representante de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, afirmó que se trata del “puntapié inicial para lograr que en el resto de las provincias se avance en la modificación de las leyes que nos obligan a pagar honorarios a inmobiliarias que sólo defienden los intereses de las personas propietarias".
La comisión la van a pagar las y los dueños en todo el país. La comisión la van a pagar las y los dueños en todo el país.
El 'efecto mariposa' desatado por CUCICBA comienza a plantearse en distintas jurisdicciones, que ya avanzan en sintonía con la ley porteña.
De ese modo, agrupaciones que representan a inquilinos en Córdoba y Rosario insisten con la sanción de una ley que obligue a propietarios a pagar los honorarios de corredores inmobiliarios.
También en que el sellado no lo tienen que pagar los inquilinos, sino los propietarios. Para ello ya han presentado proyectos en las legislaturas respectivas.
En tanto, un fallo reciente de Defensa del Consumidor de Rio Negro, dependiente de la Secretaría de Comercio de la Provincia, obliga a una inmobiliaria a devolver una comisión que había cobrado a un inquilino de manera indebida.
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