El comunicado tampoco hizo referencia a la división de poderes ni la independencia judicial.
El comunicado del FMI no hizo referencia a cómo se llevará a cabo en El Salvador la rendición de cuentas de los US$1.400 millones, ya que el Gobierno desmanteló el sistema nacional de transparencia desde su llega al poder en 2019.
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Criptomonedas, un tema que vincula a Donald Trump y Nayib Bukele.
Bitcoin
Sin embargo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sorprendió a los observadores el 04/03 cuando dijo que las compras de Bitcoin de su gobierno no se detendrían, a pesar de un requisito del FMI.
Entre los muchos detalles contenidos en la colección de documentos que el FMI publicó el 03/03, una cláusula en particular llamó la atención de los bitcoiners: “no habrá acumulación voluntaria de bitcoins por parte del sector público en el contexto del programa”.
Luego, Bukele posteó en X el 404/03 que la acumulación de Bitcoin “no se detiene” mientras el país compraba otra moneda para agregar a sus reservas nacionales.
La aparente contradicción llamó la atención de Samson Mow, director ejecutivo de la organización de defensa de la adopción de Bitcoin, Jan3, quien declaró en una publicación del 05/03 que “las 2 cosas parecen estar en conflicto entre sí”.
Pero, como señaló John Dennehy, un activista y educador de Bitcoin radicado en El Salvador, en un X Space del 04/03 con Cointelegraph, los cambios que el FMI exigió para la ley aún no han entrado en vigor.
“La ley, que fue aprobada el 29/01 y publicada en el diario oficial al día siguiente, que rescindió el bitcoin como moneda de curso legal, entra en vigor el 30/04”, dijo.
Unseen Finance, un comentarista financiero anónimo que afirma tener experiencia previa en el FMI y en banca de inversión, explicó que podría haber “algunos fondos restantes, tal vez asignados en el gobierno en algunas subcuentas de diferentes agencias, entidades, tal vez incluso algunas empresas estatales, que de alguna manera habían sido preasignados y reservados”.
Unseen Finance dijo a Cointelegraph que El Salvador podría estar comprando “unos pocos Bitcoin adicionales” como una forma de apaciguar a la “pandilla de Bitcoin quejosa” y como una especie de “salvar las apariencias”.
Según Reuters, el propio FMI dijo que la compra no violaba los términos del acuerdo y afirmó que había consultado al gobierno salvadoreño sobre el asunto.
“Consultamos con las autoridades (salvadoreñas) y nos han asegurado que el reciente aumento de las tenencias de Bitcoin en el Fondo de Reserva Estratégica de Bitcoin es consistente con la condicionalidad del programa acordado”, dijo el FMI a Reuters.
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Kristalina Georgieva impuso sus reglas a Nayib Bukele luego de 3 años y medio de negociaciones. Pero algunos dicen que Bukele sigue teniendo sus propias reglas.
¿Por qué El Salvador al FMI?
Con tanta retórica y publicidad acerca de los esfuerzos del país con Bitcoin, muchos observadores del mercado se han preguntado por qué Bukele hizo el trato.
Según Dennehy, el gobierno ha “hecho un gran trabajo de marketing” de una recompra de deuda, que pagó asumiendo mayoritariamente nueva deuda a tasas de interés más altas.
La deuda nacional de El Salvador ha aumentado “bastante significativamente” en los últimos 5 años, pero los salvadoreños tienen “la impresión de que la deuda se ha mantenido estable o ha estado disminuyendo”.
A pesar de las afirmaciones de que Bukele “desafía” al FMI en un intento de defender la adopción de Bitcoin, los comentaristas han señalado que el gobierno salvadoreño se acercó al FMI y aceptó los términos del préstamo.
Unseen Finance dijo que la economía estaba en “una situación desesperada [y] sigue estando en una situación desesperada. Ya sabe, la pobreza está aumentando. Hay muchos factores”.
“El Salvador fue quien se acercó al FMI para solicitar el préstamo y no al revés. Permítanme dejar esto 100% claro. La política seguirá el texto [del acuerdo de préstamo], nada más”, dijo Unseen Finance.
La precaria situación económica y la importancia del préstamo significan que El Salvador no puede correr el riesgo de tener problemas con el FMI. La fecha límite inminente del 30/04, el monto nominal de las recientes compras de Bitcoin y los comentarios del FMI a Reuters sugieren que El Salvador no ha violado el acuerdo y que las compras no son un factor decisivo.
Aún así, según Unseen Finance, “independientemente de la actividad nominal, el FMI tendrá algunas preguntas difíciles de responder sobre estos pequeños juegos”.
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Pablo Anliker, exministro de Agricultura corrupto de El Salvador de Nayib Bukele.
Un caso testigo: Ministerio de Agricultura
En la comunicación pública del FMI no se lee ninguna mención a hechos graves que han derivado en el desmantelamiento del Estado de derecho. El 01/05/2021, el Gobierno de El Salvador ejecutó la destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. El Gobierno también atacó a las instituciones que combaten a la corrupción con la destitución del fiscal general Raúl Melara y con la imposición de otro titular, Rodolfo Delgado, que deshizo las unidades que investigaron la corrupción en las compras de la pandemia y las negociaciones del Gobierno con grupos criminales.
Antes del desmantelamiento del Grupo Especial Antimafia de la Fiscalía (en 2021) y el exilio forzoso de los fiscales que llevaban esas investigaciones, la Fiscalía había abierto una investigación al Ministerio de Agricultura por contratos bajo sospecha de corrupción en las compras de canastas de alimentos, e incluyeron en el expediente al contratista que más contratos obtuvo y que por esas fechas se compró un piso en Miami.
Una auditoría de la Corte de Cuentas identificó pagos por alimentos que no tenían documentación que probara que los productos habían sido recibidos. Esta auditoría pasó a ser conocida en un juicio, cuyo borrador de sentencia exoneraba de responsabilidades al entonces ministro de Agricultura, Pablo Anliker, a pesar de que los testimonios y los documentos apuntaban a que él seleccionó a los proveedores y él dio las órdenes de realizar los pagos por los productos no recibidos.
El 04/06/2021, Bukele expulsó del país a la Comisión de Investigación de la Corrupción e Impunidad (Cicíes), un organismo creado con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando esta entidad presentó los primeros avisos a la Fiscalía por casos de corrupción que involucraron a funcionarios del gabinete de Nayib Bukele.
Los fondos llegan en un momento en el que el Gobierno ha procedido a cerrar 30 escuelas públicas y ha implementado una política de decretos de “retiro voluntario”, una herramienta que usa la edad de los empleados públicos como argumento para depurar instituciones públicas.
El pago de capital e intereses de la deuda representa el 13% del Presupuesto de Gastos del Gobierno de El Salvador para 2025: es mayor que el presupuesto del Ministerio de Salud, y casi iguala al presupuesto del Ministerio de Educación.
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