En ese marco, la entidad sugirió a los operadores realizar la máxima cantidad de servicios posible y la medida comenzó a fines de la semana pasada, pero recién impactó este martes después de las fiestas.
Desde AAETA denuncian que existe una brecha del 100% entre los 400 pesos que perciben entre la tarifa y el subsidio con los costos para operar el servicio que llevan al pasaje a un valor de $800 pesos.
En tanto, el presidente de la Cámara Empresaria Autotransporte de Pasajeros, José Troilo, afirmó en TN que ante este panorama no se puede costear el servicio completo. “Con lo que se recauda de los boletos no alcanza para cubrir los gastos, los subsidios son el 90% del ingreso”, explicó. “Nadie nos presta un peso”, cuestionó y aseguró que esta reducción en el transporte público no es una medida de fuerza si no que las empresas “hacen lo que pueden”.
De acuerdo al portal Infobae, algunos de los titulares de las cámaras empresariales a la reunión con el Gobierno no irán con un reclamo puntual sino que la idea es ir a escuchar la propuesta que tengan desde el Poder Ejecutivo para solucionar el conflicto.
El Gobierno Nacional ya abonó la deuda que tenía con las empresas de colectivo en concepto de compensación tarifaria correspondiente a noviembre pasado y está al día con lo que debía transferir por diciembre -esta semana enviarán la última cuota del mes, que es del 30% del total.
Sin embargo, las compañías sostienen que el subsidio no les alcanza para cubrir los costos y remarcan que “si se autorizara un aumento del boleto, el mismo tendría que ser importante, ya que no se actualiza desde agosto”.
En este sentido, calculan que tendría que ser de $540,93 en caso de que se reduzcan los subsidios (hoy el boleto mínimo ronda los $52), como anunció semanas atrás el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque por el momento las compañías no tienen la confirmación oficial de que vaya a haber una suba en el pasaje, lo cual requeriría que el Poder Ejecutivo convoque a una audiencia pública para tratar el tema y eso demoraría el proceso.
Una opción que las firmas creen que se podría implementar es que la actual gestión de Milei reactive los incrementos graduales que había implementado a principios del 2023 la administración de Alberto Fernández y que luego el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, suspendió.
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