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Hidroeléctricas: Yanotti discontinuó todo y va por la prórroga

Nación discontinuó el trabajo de una comisión creada por el exEnergía, Darío Martínez, y prorrogaría por un año las concesiones de las represas hidroeléctricas.

2023 iba a ser un año clave para las concesiones de las represas hidroeléctricas de El Chocón y su presa compensadora Arroyito, Cerros Colorados, Piedra del Águila y Alicura. Pichi Picún Leufú vence recién en 2029. Grupo de presas y centrales que abarca la mayor concentración de potencia hidroeléctrica (4.170 MW) superando a Yacyretá y en particular Piedra del Aguila es la central de mayor potencia enteramente nacional con 1.454 MW (Yacyretá y Salto Grande son mayores en potencia, pero en ambos casos son binacionales).

Esas concesiones por 30 años vencían, y luego en 2024, ocurriría igual con las concesiones en Mendoza y en Santiago del Estero. En tanto, en 2025 vencen Futaleufú en Chubut y Cabra Corral y El Tunal en Salta.

El titular de Emprendimientos Hidroeléctricos, Elías Sapag, contó que junto a representantes de otras provincias mantuvo una reunión con el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, quien les dijo que no iba a continuar con el trabajo del equipo técnico que había creado el exsecretario de Energía, Darío Martínez.

"Nos dijo que nosotros teníamos razón en lo que estábamos haciendo (en cuanto al derecho de las provincias), pero que él no nos iba a dar ningún derecho que pudiera tener el manejo de las represas y que como él no sabía, no iba a formar ningún equipo técnico como para poder empezar a evaluar”, dijo Sapag en declaraciones a radio 'Cumbre', publicadas por el diario 'Río Negro'.

Añadió que de acuerdo al contrato de concesión, pueden prorrogar, "es un año que pueden prorrogar en las mismas condiciones en que hoy existe el contrato".

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El gobierno nacional prorrogará los contratos, sin tener en cuenta la propuesta de administración conjunta de las provincias de Neuquén y Río Negro.

Desde el oficialismo nacional también se impulsó vía el senador neuquino Oscar Parrilli del Frente de Todos el proyecto para que Energía Argentina, Enarsa, se hiciera cargo de la operación de las represas con una participación minoritaria de la provincias.

Pero el proyecto no tiene el visto bueno de las provincias porque ponen en tela de juicio la capacidad de Enarsa en función de su papel en la adquisición de gas y de la licitación del gasoducto Néstor Kirchner desde Vaca Muerta a la zona de mayor consumo del país Pero el proyecto no tiene el visto bueno de las provincias porque ponen en tela de juicio la capacidad de Enarsa en función de su papel en la adquisición de gas y de la licitación del gasoducto Néstor Kirchner desde Vaca Muerta a la zona de mayor consumo del país

Además, Enarsa gestiona con poco éxito la construcción de esas presas Condor Cliff / Néstor Kirchner y La Barrancosa / Jorge Cepernic, ya que luego de 9 años de contrato solo tienen avances mínimos (22% y 35%, respectivamente). Por otra parte, el Gobierno trabó el proyecto más significativo de los últimos años (Portezuelo del Viento), licitado por la provincia de Mendoza.

El proyecto de Oscar Parrilli

El proyecto que presentó en el Senado de la Nación, Oscar Parrilli, hombre destacado del Instituto Patria, propone que una vez vencidos los plazos de las concesiones, la administración, operación y explotación pase a Energía Argentina S.A. (Enarsa), que es una sociedad anónima cuyo propiedad, en 98%, es del Estado Nacional.

Cabe mencionar que el kirchnerismo suele usar, en vez de sociedades de Estado (S.E.) como eran las antiguas empresas estatales, sociedades anónimas de capital estatal, con las que se puede evitar los controles que tenían las sociedades de Estado, y se pueden usar arbitrariamente los recursos que estas empresas tienen ya sea a partir de ingresos propios o de subsidios millonarios como los que recibe Enarsa.

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Oscar Parrilli propone que la administración, operación y explotación pase a Energía Argentina S.A. (Enarsa).

El proyecto indica además que Enarsa deberá asociarse con las provincias dueñas del recurso hídrico y que además podrá asociarse con empresas privadas. Pero si bien obliga a Enarsa a asociarse con las provincias no les fija un porcentaje ni siquiera un mínimo, es decir que esta participación podría ser simbólica. Debe remarcarse que actualmente las provincias cobran regalías por el uso del agua y participan del control de las concesiones a través de los comités de cuenca respectivos.

Además, desde las concesiones, el Estado Nacional controla que se cumplan todos los protocolos de seguridad y mantenimiento por parte de los concesionarios a través del Orsep (Organismo Regulador de Seguridad de Presas). Así las presas y centrales concesionadas hoy están en un satisfactorio estado de seguridad y mantenimiento, con solamente los efectos del paso del tiempo en algunas centrales como El Chocón y Cerros Colorados que hoy ya alcanzan los 50 años de antigüedad. En cambio, en el proyecto presentado no se define quién controla. Estos controles de seguridad son fundamentales para garantizar la seguridad de las poblaciones del valle del Río Negro (Neuquén, Cipolletti, Allen, General Roca, Villa Regina y otras localidades más pequeñas).

Por todo ello creen que Enarsa, cuya principal actividad se centra en la importación de gas, y que necesita enormes subsidios para operar sus actividades actuales, no estaría hoy en condiciones ni de administrar ni operar ni explotar centrales hidroeléctricas.

Además hay que tener en cuenta que actualmente, las inversiones para modernizar las instalaciones para los próximos 30 años serán cifras muy significativas, particularmente en Cerros Colorados y en El Chocón.

Las fechas

Alicura es operada por AES; El Chocón y Arroyito están en manos de la multinacional italiana Enel (que ya anunció que se val del país), y el complejo Cerros Colorados (a cargo de Orazul). El 11 de agosto vencen los 30 años de concesión de estas 3 centrales hidroeléctricas.

En noviembre, vence el contrato de Piedra del Águila, que regentea el grupo Central Puerto.

Y el gobierno nacional debe comunicar con 6 meses de anticipación su decisión a los concesionarios y a los gobiernos provinciales. Ese plazo es el 11 de febrero, por lo que el tiempo apremia Y el gobierno nacional debe comunicar con 6 meses de anticipación su decisión a los concesionarios y a los gobiernos provinciales. Ese plazo es el 11 de febrero, por lo que el tiempo apremia

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