Austeridad extrema
La motosierra prometida en campaña se tradujo en despidos masivos, recortes presupuestarios y un ajuste sin contemplaciones. La reducción de ministerios y programas sociales implicó un retroceso en áreas sensibles como salud, educación y asistencia social.
En el PAMI, la cobertura de medicamentos esenciales se redujo de forma drástica, dejando fuera tratamientos de alto costo y limitando la cantidad de cajas gratuitas que reciben los jubilados. En el PAMI, la cobertura de medicamentos esenciales se redujo de forma drástica, dejando fuera tratamientos de alto costo y limitando la cantidad de cajas gratuitas que reciben los jubilados.
Veto a las mejoras previsionales
En julio de 2025, el Congreso aprobó por amplia mayoría una ley para aumentar las pensiones un 7,2%, ampliar beneficios para personas con discapacidad y mejorar las moratorias previsionales. Menos de un mes después, Milei vetó la norma argumentando que pondría en riesgo el superávit fiscal y la estabilidad económica. El gobierno calculó que la medida implicaba un costo adicional de 0,9% del PBI en 2025 y de 1,68% en 2026.
La decisión provocó una ola de protestas encabezadas por jubilados, que marcharon cada semana al Congreso. Hubo enfrentamientos con la policía y denuncias de represión con gases y balas de goma.
La oposición prepara un intento de revocatoria, aunque Milei ya anticipó que, si se aprueba, recurrirá a la justicia para bloquearla.
Empleo formal en caída y precarización en alza
El costo social del programa económico se refleja con crudeza en el mercado laboral. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se perdieron más de 115.000 puestos en el sector privado formal.
El empleo estatal también se redujo en 50.000 cargos. El empleo estatal también se redujo en 50.000 cargos.
Paralelamente, el trabajo informal creció en 224.000 personas, lo que indica que muchos desplazados del sector formal terminaron en la economía en negro o en actividades de baja productividad.
Los salarios reales muestran un retroceso constante. Entre enero y abril de 2025, las remuneraciones privadas aumentaron un 9,6% mientras que la inflación del mismo período fue del 11,6%. El poder de compra sigue deteriorándose y no hay señales claras de una recuperación sostenida.
Producción y actividad con sesgo regresivo
La actividad económica cayó con fuerza durante 2024. La construcción, la industria y el comercio fueron los sectores más castigados por el ajuste. En cambio, el agro, la minería y los servicios financieros mostraron crecimiento, aunque con escaso impacto en la generación de empleo.
El Fondo Monetario Internacional proyecta un repunte del PBI del 5% en 2025, pero advierte que será un crecimiento concentrado en pocos sectores y sin una mejora real en los indicadores sociales. El Fondo Monetario Internacional proyecta un repunte del PBI del 5% en 2025, pero advierte que será un crecimiento concentrado en pocos sectores y sin una mejora real en los indicadores sociales.
Las pequeñas y medianas empresas sufren problemas de financiamiento y caída en las ventas. El consumo interno sigue deprimido y la inversión privada se retrajo por la combinación de tasas altas y recesión.
La economía avanza hacia un modelo más primarizado, dependiente de exportaciones y con un mercado interno debilitado.
Fragilidad cambiaria y límites del modelo
En abril de 2025, el gobierno firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 20 mil millones de dólares y eliminó gran parte de las restricciones cambiarias. El objetivo fue atraer inversiones y normalizar el flujo de divisas. Sin embargo, analistas del Financial Times advierten que el peso está sobrevaluado, las reservas internacionales se erosionan y la inversión extranjera directa cayó a la mitad respecto del año anterior.
Además, Argentina sigue fuera de los mercados internacionales de crédito, con un riesgo país por encima de los 770 puntos básicos. Además, Argentina sigue fuera de los mercados internacionales de crédito, con un riesgo país por encima de los 770 puntos básicos.
La estrategia de shock empieza a mostrar sus límites. La combinación de sobrevaluación cambiaria y apertura financiera sin respaldo productivo puede derivar en un nuevo ciclo de crisis externa si no se corrigen los desequilibrios.
Creciente tensión política y social
El programa económico de Milei avanza en medio de una creciente conflictividad social. Las protestas por el recorte a las universidades públicas, el veto a las pensiones y los despidos masivos son cada vez más frecuentes. En paralelo, denuncias periodísticas y judiciales apuntan a que el gobierno reactivó prácticas de inteligencia interna contra opositores y dirigentes sociales, una medida que reaviva temores sobre el respeto a las libertades democráticas.
La falta de consensos en el Congreso obliga al presidente a gobernar por decreto en muchos aspectos clave. La falta de consensos en el Congreso obliga al presidente a gobernar por decreto en muchos aspectos clave.
Esto erosiona el clima institucional y alimenta la polarización política, con un oficialismo que se apoya en la confrontación y una oposición fragmentada que busca capitalizar el descontento social.
Un balance que preocupa
La política económica de Javier Milei logró frenar la inflación en un plazo récord, pero el precio es elevado. La recesión, la caída del empleo formal y el deterioro de servicios esenciales muestran que la estabilización no es sinónimo de bienestar.
Las cuentas fiscales están ordenadas, pero el tejido social está cada vez más desgastado.
El desafío para los próximos meses será transformar la estabilidad nominal en crecimiento. Sin inversión productiva, sin fortalecimiento del mercado interno y sin políticas de protección social, la economía corre el riesgo de sostener un modelo que beneficia a pocos y margina a la mayoría.
La pregunta que sobrevuela en el mundo económico y político es si el costo que se está pagando por desinflar la economía es sostenible, o si terminará generando una factura mucho más alta en términos sociales y políticos. La pregunta que sobrevuela en el mundo económico y político es si el costo que se está pagando por desinflar la economía es sostenible, o si terminará generando una factura mucho más alta en términos sociales y políticos.
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