En medio de la corrida cambiaria del peso argentino al dólar, la vicepresidente Cristina Kirchner volvió irrumpir desde su cuenta en Twitter para hablar de la crítica situación en la que se encuentra el BCRA por sus reservas:
CFK disparó a partir de la nota del periodista judicial Gabriel Morini en Ámbito Financiero (Grupo Indalo), titulada: "En la Argentina, hasta las medidas cautelares se pueden 'alquilar'".
Luego de un endurecimiento del cepo que implicó un impuestazo al consumo masivo con tarjetas de crédito, además de otras medidas antipopulares, la dirigente peronista de Izquierda salió a intentar responsabilizar a la Justicia por la dramática situación en la que se encuentran las arcas de la autoridad monetaria.
De acuerdo a la nota de Ámbito Financiero, "ante la obligatoriedad de seguir un procedimiento de declaración jurada para importaciones sobre bienes con licencias no automáticas, una empresa acude a la justicia y reclama por derechos vulnerados. Un juzgado -sin analizar el fondo de la cuestión- considera arbitraria e irrazonable la resolución oficial y le otorga una medida cautelar provisoria que libera las mercaderías para poder importar sin cumplir con el trámite. Esa manda judicial también obliga al Banco Central a girarle dólares para el pago a valor oficial".
De esta forma, la vicepresidenta envió un gesto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al destacar la gestión del nuevo titular de la Aduana, Guillermo Michel, a través de dicho artículo periodístico:
"Lo que descubrió la Dirección General de Aduanas fue que entre las autorizaciones que logró la firma Yoko SA para liberar mercadería salteándose el requisito de validar la SIMI vía cautelar, le “cedió” la autorización a la firma Tropea SA, una empresa dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia. El total de la mercadería –en dos envíos detectados- superó los u$s 200 mil, pero lo más significativo fue la maniobra descubierta por la División Control Fiscalización Simultánea cuando cruzaron la mercadería importada y a quién correspondía la SIMI “autorizada” por la cautelar.
Pero lo más curioso apareció luego: a través de una hoja con un par de sellos que firma una persona apoderada de Tropea, autoriza a Yoko a realizar 'cualquier gestión aduanera relacionada a la AFIP' relacionada con la importación de bienes bajo su marca; autoriza a 'comprar y a vender' bajo la marca Tropea y a trasladar los bienes. Lo que sí aclara es que todo ese poder tiene un plazo. Exactamente, un mes".
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