Revés para los comerciantes: Las tarjetas sin datos son legales y deben ser aceptadas
La emisión de tarjetas sin nombre impreso es completamente legal y está avalada por las principales redes de pago (Visa, Mastercard, Modo, etc.). La normativa vigente no obliga a que las tarjetas tengan nombre visible, sino que exige que pertenezcan a una red autorizada y sean válidas para operar.
Más aún, la reciente Resolución 87/2024 de la Secretaría de Comercio establece que los comercios no pueden manipular la tarjeta del cliente, deben acercar el lector o POS al consumidor para que éste mismo complete la operación, sin entregarle el plástico al vendedor.
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En este marco, en la actualidad un comercio no puede exigir la presentación del DNI para realizar una compra con tarjeta, ni manipular la tarjeta del cliente. La normativa actual establece que los comercios no pueden exigir la presentación del DNI para acreditar identidad al pagar con tarjeta, y tampoco pueden manipular los plásticos. Los clientes son los únicos autorizados para manipular sus tarjetas y deben tener la terminal de pago cerca para realizar la operación.
De esta manera, si el comercio exige algo que ya no le corresponde, terminará vulnerando los derechos del consumidor y puede exponerse a ser denunciado ante Defensa del Consumidor.
Sin embargo y más allá de toda esta polémica, lo cierto es que por lo menos Mercado Pago, contiene un código QR en el reverso de sus nuevas tarjetas prepagas de color negro, en donde al escanearlo, se puede acceder al nombre del titular de la misma.
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Qué pasa si un comercio se niega a aceptar tarjetas sin los datos grabados del titular
Según el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor, los comercios no pueden discriminar medios de pago autorizados por la ley, y deben informar con claridad y anticipación si aceptan o no determinados instrumentos.
Sin embargo, incluso cuando informan que no aceptarán ciertas tarjetas sin datos grabados, muchos expertos consideran que esta práctica sigue siendo ilegal si se trata de una tarjeta válida y emitida por una entidad autorizada.
ARCA (la Agencia de Recaudación y Control Aduanero) también hace un seguimiento de los medios de pago que utilizan los comercios para detectar posibles evasiones o irregularidades, por lo que rechazar tarjetas también puede tener implicancias fiscales.
Tarjetas sin datos: Seguridad para el usuario, dudas para el comercio
Desde el punto de vista del usuario, no tener el nombre impreso en el plástico es una medida de seguridad que reduce riesgos de clonación, fraude o robo de identidad. Además, cada operación requiere autorización biométrica o token digital, lo que refuerza la autenticación.
Sin embargo, los comerciantes denuncian que no tienen herramientas o el conocimiento para verificar que quien paga sea efectivamente el dueño de la tarjeta. Al no poder manipular el plástico ni pedir documentación, sienten que pierden el control de la transacción y que corren un riesgo innecesario.
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Este conflicto está generando tensión en el ecosistema de pagos. Por un lado, las fintechs y los bancos aseguran que sus productos cumplen con toda la normativa. Por el otro, los comercios exigen mayor respaldo legal para evitar futuras responsabilidades por fraudes o estafas.
Comercios y bancos: La disputa que podría frenar la innovación en tarjetas
Mientras tanto, los consumidores quedan atrapados en el medio. Muchos usuarios reportan que, al intentar pagar con sus nuevas tarjetas, se encuentran con que no se las aceptan o les exigen mostrar identificación, lo cual va contra la normativa de no manipular el plástico. A su vez, no todos los usuarios que posean tarjetas, necesariamente manejan con experiencia el mundo virtual, por lo que, si esta situación la afronta un jubilado, que no puede abonar de otra manera por desconocimiento, la situación se agrava aún más, generando malestar entre las partes. Más aún si el plástico no poseé manera de verificar que le pertenece a su dueño.
En este escenario, algunos especialistas recomiendan que las autoridades intervengan con regulaciones claras que unifiquen criterios entre bancos, fintechs y comercios. De lo contrario, la innovación financiera podría verse limitada por la resistencia del canal comercial tradicional.
Hasta tanto eso ocurra, la recomendación es que los usuarios reclamen ante Defensa del Consumidor en caso de rechazo injustificado, y que los comercios se capaciten sobre las nuevas normativas para evitar sanciones o pérdida de clientes.
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