La contraparte, el Estado de California, asegura que se vio "desproporcionadamente afectado" por los aranceles.
Con excepción de la telefonía y la informática, los productos chinos deben pagar una tasa del 145% si quieren ingresar al mayor mercado de consumo del planeta. Entre ellos el de la costa oeste.
La demanda impugna la invocación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para promulgar los aranceles, argumentando que la normativa nunca se había utilizado para ese fin. Además, tales facultades deberían caer en el Congreso de Estados Unidos.
Si bien California es el primer estado en presentar acciones legales contra el gobierno de Trump, varias demandas introducidas por pequeñas empresas y un grupo de derechos civiles cuestionaron de manera similar la autoridad federal.
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