Un chico de 15 años mató a un compañero en Santa Fe. La Ley 27.801 que baja la edad de imputabilidad rige, pero aún no se aplica. Un tiroteo de terror.
Lo que siguió fue una paradoja que pocos esperaban: la nueva ley que permite imputarlo existe, pero aún no puede aplicarse.
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La Ley 27.801 redujo la edad de imputabilidad penal en Argentina. Es un hito legislativo. Pero su entrada en vigencia plena exige que los institutos de menores adapten infraestructura, protocolos y recursos humanos. Ese proceso tiene un plazo de 180 días que aún no venció.
El resultado práctico es claro: el atacante queda bajo el régimen tutelar anterior, donde el objetivo no es la condena, sino la evaluación de peligrosidad y la determinación de un régimen de retención —abierto, semiabierto o cerrado—. No hay pena. Hay medida de seguridad.
Dato clave: La audiencia de atribución de cargos estaba prevista en 72 horas tras el hecho. Los antecedentes de autolesiones del menor complican la definición del régimen aplicable y pesan sobre cualquier decisión judicial.
Las familias de las víctimas y sectores de la sociedad civil cuestionan si la burocracia estatal está protegiendo al victimario por encima del derecho a la justicia.
El arma utilizada pertenecía, según la investigación preliminar, al abuelo del atacante. Fue ingresada al colegio oculta en un estuche de guitarra. Este detalle no es menor: en Argentina, la tenencia legal de armas implica obligaciones de custodia estrictas, especialmente cuando hay menores en el hogar.
La Justicia inició una causa paralela para determinar si hubo negligencia en la custodia del arma. Si se confirma, los adultos responsables podrían enfrentar cargos por entrega de arma de fuego a menor de edad, figura contemplada en el Código Penal argentino.
Según los protocolos de seguridad del RENAR (ex ANMaC), el almacenamiento negligente es un factor crítico. La mayoría de los hechos con armas en contextos no delictivos ocurren dentro del hogar con dispositivos que no estaban resguardados bajo llave
¿Alcanza la regulación vigente o hace falta un control más riguroso sobre los depósitos domiciliarios? La respuesta requiere voluntad política, no solo legislación.
El atacante era descripto por quienes lo conocían como un joven "ensimismado", bajo tratamiento psicológico, con antecedentes de autolesiones. Aunque el padre negó conocer situaciones de acoso, el entorno escolar y los abogados apuntan al bullying sostenido como detonante.
El caso evoca el de Joaquín Sperani, donde la violencia invisibilizada también terminó en fatalidad por ausencia de protocolos de intervención efectivos en los gabinetes psicopedagógicos. La historia se repite: señales ignoradas, crisis acumulada, explosión.
La falta de recursos en escuelas públicas para abordar la salud mental post-pandemia es una deuda pendiente y documentada. Los gabinetes psicopedagógicos están desbordados. Los protocolos de bullying existen en el papel, pero su aplicación efectiva depende de cada institución.
Lo que el tiroteo en la Escuela Mariano Moreno deja en evidencia no es solo la tragedia de dos familias. Es la coexistencia de tres fallas : una ley que llega tarde en su implementación, una regulación de armas que no previene el acceso domiciliario por menores y un sistema educativo que carece de herramientas reales para intervenir en crisis de salud mental.
Ninguna de estas tres fallas es nueva. Todas son señaladas por especialistas desde hace años. Y sin embargo, siguen sin resolverse. Esa es la verdadera pregunta que el país debe responder:
¿Cuántas tragedias más hacen falta para que el debate se convierta en política pública efectiva?
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