La medida del Gobierno Nacional fue respaldada por asociaciones de consumidores de todo el país. Además, se complementó con resoluciones similares promulgadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicadas también en septiembre.
La polémica con las tasas municipales surgió meses atrás a partir de una tasa vial que comenzaron a cobrar algunos distritos de Buenos Aires. Esta tasa derivó en un encarecimiento de los combustibles y ahora el debate se profundiza ante el aumento de impuestos locales que impactan en supermercados, comercios y servicios, los cuales generan un mayor incremento de precios.
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Luego de 30 días de adaptación para las empresas, comenzó a regir la resolución que prohíbe incluir tasas e impuestos en las boletas.
Qué dice la resolución que prohíbe tasas e impuestos
Entre los argumentos de la norma, el texto oficial explicó que “con el transcurso del tiempo se ha ido transformando en una práctica generalizada, para una gran cantidad de proveedores en el mercado, la inclusión y facturación, dentro de la documentación comercial emitida a los consumidores por el suministro de bienes y servicios, conceptos ajenos a aquellos contratado por el consumidor”.
En ese sentido, “la práctica descripta configura no sólo una violación al deber de brindar un trato digno a los consumidores, sino que importa también una clara violación a la libertad de elección del consumidor, garantías que ostentan rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico”, continúa la resolución.
"La situación expuesta implica, a su vez, una posible afectación a los derechos que posee el consumidor respecto de la información con la que debe contar al momento de realizar pagos de bienes y servicios contratados”, continúan los argumentos.
En esa línea, la norma remarcó que “como consecuencia de ello, los consumidores resultan pasibles de encontrarse ante una situación de riesgo concreto de incurrir en errores o confusión acerca de la verdadera naturaleza de los servicios contratados y sus precios, riesgo que se torna más grave aún en el caso de aquellos consumidores en situación vulnerable y de desventaja”.
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